La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y la socialista Isabel Gonzalo se acusaron hoy mutuamente de "hacer caja" con la atención a las personas dependientes, mientras que la primera garantizó que todas las prestaciones a estas personas están por encima de las del Estado.

En el pleno de las Cortes, Gonzalo preguntó por las medidas para compensar a las personas perjudicadas por el decreto que establece los precios públicos por los servicios sociales y pidió el compromiso de la consejera para devolver los 14 millones "cobrados de manera indebida".

Según la procuradora, que apeló a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Junta aumenta la capacidad económica de las personas dependientes por lo que tiene que devolver cantidades cobradas de forma indebida, en lo que calificó de "juego de trileros". "Les debería obligar su conciencia", espetó.

La vicepresidenta y consejera aseguró que el decreto se aplica desde 2022 y no se perjudica a las familias y acusó al Gobierno de ser él quien "hace caja" al no aportar el 50 por ciento de atención a la dependencia, de manera que subrayó como el Ejecutivo autonómico ha destinado 2.558 millones desde 2019 y el central 1.026 millones, 1.500 millones menos.