Tres familias abulenses denuncian que la Junta de Castilla y León les ha modificado «de forma unilateral» las condiciones firmadas con el programa 'A gusto en mi casa' solicitándoles un copago mayor a sus ingresos. Una visión que no es compartida por la institución regional, que insiste en que aportaban una «cantidad notablemente inferior a la que les correspondía».

Según el relato de estas tres familias, que han recurrido al Procurador del Común, en el año 2018 la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades puso en marcha el proyecto 'A gusto en mi casa', cuyo objetivo era atender a las personas mayores dependientes y a personas con discapacidad del medio rural en su propio domicilio. Comenzó con un proyecto piloto innovador desarrollado únicamente en cinco municipios de la provincia de Ávila (Hoyo de la Guija-Peguerinos, El Hoyo de Pinares, El Tiemblo, Navalperal de Pinares y Las Navas del Marqués) y  se desarrolló entre 2018-2020 con la intención de ser una alternativa a la atención residencial y una apuesta por la atención en los hogares y en su entorno. En el servicio, explican, se incluyeron un centenar usuarios de la zona que presentaban un elevado grado de dependencia y que tras ser valorados por trabajadores sociales de Pronisa, la asociación gestora del programa, contaron con un plan de apoyo donde se detallaba las horas de asistente personal y el copago que debía asumir cada usuario, siendo ello firmado por ambas partes.

El problema es que, tras la finalización del pilotaje, en enero del 2021, «la entidad gestora comunicó a las familias incluidas en el programa la continuación del proyecto, revisando el plan de apoyo provisional de cada usuario y el copago que debía realizar a partir de ese momento». De los 100 usuarios que iniciaron el programa quedaban únicamente cinco familias a los que representantes de «Pronisa informaron de un cambio sustancial en las condiciones económicas firmadas, incrementándose la aportación de los usuarios en algunos casos más de un 400%. El motivo indicado de la drástica modificación era una orden recibida desde la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León de actualización de la contribución a la financiación que afectaba a los cinco usuarios que comenzaron en el pilotaje del programa». Según explican, de las familias afectadas «tres mujeres son las más perjudicadas al solicitar la Junta que el abono sea superior al 30% de su renta computable, sin incluir en esa renta ninguno de los gastos básicos ineludibles como comida, luz, calefacción…»

Los familiares afectados señalan «que este cambio unilateral en las condiciones firmadas y con unas condiciones económicas inasumibles les deja en una situación de incapacidad para poder seguir cubriendo las necesidades de sus madres que se encuentran en una situación de elevada dependencia».

Este cambio en las condiciones establecidas en su incorporación al programa y las firmadas una vez finalizado el pilotaje, indican los afectados, «deja a tres mujeres mayores de 90 años y sus familiares en una situación de absoluta vulnerabilidad teniendo en cuenta el grado de dependencia de las personas afectadas y la dificultad para poder encontrar cuidadoras en un contexto rural que sufre las consecuencias de la despoblación».

Los afectados han trasladado la situación a la Consejera de Familia, pero aseguran que todavía no han tenido respuesta y también al Procurador del Común para que medie en la defensa de sus derechos.

respuesta de la junta. La Junta de Castilla y León explica que en la región hay 120.000 dependientes que reciben 165.000 prestaciones en función de su capacidad económica y grado de discapacidad. Estas prestaciones, explican, se revisan periódicamente porque las circunstancias y los ingresos de las personas pueden cambiar. Así se asegura el mismo tratamiento a todos los usuarios.

En el caso concreto de estas tres personas mayores recuerdan que habían sido incluidos en un programa piloto, financiado por la Unión Europea y que arrancó en 2018. El proyecto establece el copago a los apoyos recibidos en función de la capacidad económica. Cuando finalizó el programa piloto, la propia Dirección General de Personas Mayores habló, aseguran, personalmente con las tres familias para explicarles que la cuantía económica que estas personas estaban abonando por los servicios incluidos en su plan de apoyo no se ajustaba a las reglas de copago del proyecto en la actualidad. Es «un proyecto que afecta a 2.186 personas en Castilla y León y que debe prestarse en igualdad de condiciones para todos los usuarios del mismo».

Añaden que estas personas «han estado aportando desde el año 2021 como copago una cantidad notablemente inferior a la que les correspondía en función de su capacidad económica» e insisten en que por parte de la Junta de Castilla y León se ha incrementado, de media, en el último año un 10 por ciento la cantidad mensual que reciben estas personas para hacer frente al copago de estos servicios. Y en algunos casos este incremento es muy superior a ese 10 por ciento, para poder abordar, entre otros, este programa, con todas las garantías, señalan. En cualquier caso, «estas tres personas tienen asegurado un plan de apoyo que se ajuste a sus necesidades».

Por parte de Pronisa se insiste en que los copagos «se aplican según la capacidad económica de la persona» y se recuerda que este programa ha atendido a más de 200 personas en la provincia, contando actualmente con más de un centenar de usuarios. 

Recuerdan que se ha revisado su plan de apoyos «para no perder calidad del servicio» y que se cuenta con unos protocolos generales para todos los usuarios del programa.