La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), con financiación parcial de la Unión Europea con fondos Next Generation EU y del Banco Europeo de Inversiones, ha licitado con un presupuesto de algo más de 4,6 millones de euros la ejecución de 40 viviendas colaborativas destinadas al alquiler social, principalmente de jóvenes, en  la capital abulense.

El objeto de la licitación es la redacción de un Proyecto de Ejecución y Ejecución de las Obras  para la construcción de viviendas colaborativas en régimen de legal protección, destinadas al alquiler social, especialmente destinadas a jóvenes, en una parcela sita en la Avenida de los Derechos Humanos, esquina con la calle Caléndula de la capital abulense. 

En total, según figura en la descripción del proyecto, se construirán 40 viviendas colaborativas, siendo ésta una modalidad de alojamiento en la que los residentes comparten zonas y servicios comunes. 

La superficie útil interior de las viviendas, según figura en el pliego de condiciones de esta licitación, deberá ser de 60 metros cuadrados para viviendas de 2 dormitorios, más otros 6 metros cuadrados útiles de terraza computables según la normativa VPO, exceptuando viviendas sobre parquin cuyas terrazas serán mayores. Además, las viviendas contarán con zonas comunes que incluirán, entre otros, espacios coworking o lavandería. 

Esta licitación forma parte de la política de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda yUrbanismo para construir, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, un total de 1.000 viviendas con destino al alquiler joven, en edificaciones repartidas en los principales municipios de Castilla y León. Una vez ejecutadas, estas viviendas se integrarán en parque público de viviendas en alquiler que gestiona SOMACYL, destinándose fundamentalmente a jóvenes menores de 36 años. 

Tal y como se indica en el pliego de prescripciones técnicas de esta licitación, que se tramita mediante procedimiento urgente, las viviendas se levantarán en una parcela de uso dotacional público y amparándose en el Decreto-Ley 2/2022, «por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, se pueden construir en ella viviendas colaborativas protegidas al tratarse de suelos dotacionales de equipamiento de cualquier clase, sin que ello altere la clasificación y calificación urbanística de los mismos». 

Se entiende por vivienda colaborativa una modalidad de alojamiento en la que los residentes comparten zonas y servicios con el resto de los inquilinos. El objetivo «es facilitar la emancipación de los jóvenes, así como fomentar la convivencia y la interacción compartiendo un espacio común que les apoye en el desarrollo como ciudadanos de una manera fácil y económica», recoge el pliego.

Como punto de partida para la redacción de este proyecto, el pliego de prescripciones señala que se dispone de un proyecto básico redactado por los arquitectos Jorge Garrudo Álamo, Juan Carlos Navarro Pérez y Pablo Lombardía Trigo, del Estudio LNG Arquitectos SLP, con el que «se solicitó y se obtendrá la pertinente licencia de obras y autorización urbanística». Este Proyecto Básico «servirá de base para la redacción del Proyecto de Ejecución».

Las viviendas, además, deberán incorporar «criterios de racionalidad estructural y constructiva, así como de facilidad de mantenimiento por parte del propio usuario o propietario». Además, el pliego indica que al tratarse de viviendas colaborativas, se deben disponer de «espacios comunes de calidad en el edificio para el uso de sus ocupantes en interrelación social».

De conformidad con el proyecto que se ha de redactar, el plazo de ejecución de las obras será de 18 meses, a contar desde el día siguiente al de la firma del acta de comprobación de replanteo.