La Audiencia Provincial juzgará, a través de un jurado popular, al que fuera jefe del Servicio de Inspección Tributaria de la Junta de Castilla y León en Ávila, al que se acusa de un delito de cohecho y para el que la Fiscalía pide una pena de cuatro años y seis meses de prisión, así como una multa de 9.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio de sufragio pasivo durante diez años. Así figura en el auto de apertura de juicio oral decretado por el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila, cuyo contenido ha trascendido este lunes.

Los hechos de los que se le acusa ocurrieron entre el segundo semestre de 2022 y principios de 2023 cuando, en el ejercicio de sus funciones como Jefe del Servicio de Inspección Tributaria de la Junta de Castilla y León en Ávila, llevó a cabo la inspección de la declaración del impuesto de sucesiones realizado por un particular en nombre de su madre anciana. «En el curso de su labor de inspección detectó que, en la referida declaración, se habían omitido una serie de bienes pertenecientes al haber hereditario, por lo que debía calcular una base imponible y determinar una nueva declaración del impuesto con la cantidad que debía abonar» la heredera, según se relata en el auto. Precisamente para realizar esos trámites, el ahora acusado contactó con el hijo de la misma, con quien mantuvo una primera entrevista el 15 de noviembre de 2022 por la tarde en su despacho oficial, repitiéndose estas reuniones en varias ocasiones allí mismo y una última en una calle de Ávila. «En esas entrevistas, el acusado, con la finalidad de obtener un beneficio económico injusto, bajo la excusa de sufrir ciertos problemas personales y económicos, solicitó -al particular- el pago de 50.000 euros a cambio de realizar una liquidación más favorable de la que le correspondería», si bien aquel no llegó a abonarle cantidad alguna.

Como consecuencia del proceder del acusado, la hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla y León «se habría visto perjudicada con la minoración de los ingresos por el impuesto de sucesiones» proponía el acusado, hechos que para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila revisten un delito de cohecho, si bien habrán de ser juzgados por la Audiencia Provincial de Ávila mediante la fórmula del tribunal del jurado en una fecha aún por determinar. 

Además del Ministerio Fiscal están personaos en la causa la acusación particular, representada por la familia de la heredera, y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de la que el acusado es funcionario público. Así, la acusación particular atribuye al que fuera  jefe del Servicio de Inspección Tributaria de la Junta de Castilla y León en Ávila, además de un delito de cohecho, otro de malversación y un delito contra la Administración de Justicia, pidiendo para él  una pena de 13 años de prisión, multa de 14.400 euros y una indemnización de 50.000 euros por los daños morales causados a la demandante.  

Por su parte, la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León considera que cometió un delito de cohecho en concurso media con un delito de estafa agravada con abuso de las relaciones personales en grado de tentativa, por lo que su petición de pena es de seis años de prisión y multa de 18.000 euros.