El número de ataques por lobo a la ganadería durante los años 2022 y 2023 en las nueve provincias ascendió a 6.634 por cuyos daños se abonaron 3.385.825 euros, con Ávila a la cabeza y Valladolid como el territorio con menos agresiones de este carnívoro, cuando en estos dos años no estuvo autorizada su caza debido a su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Junto a esta cantidad abonada, está el pago de 127.075,53 euros por sentencias estimatorias vía judicial, de los que 123.787,27 corresponden también a la provincia de Ávila y 3.288,26 a Salamanca, mientras que no se consideraron otras denuncias presentadas en Burgos, León, Palencia, Segovia y Valladolid.

El ataque de lobos creció en todas las provincias, excepto en Salamanca y Valladolid, donde se mantuvo estable, según consta en la información facilitada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en respuesta a una pregunta parlamentaria del procurador socialista Juan Luis Cepa, consultada por Ical.

La Junta abona 3,3 millones por 6.634 ataques de lobos - Foto: FS ICAL

En su distribución territorial contrasta el 43 por ciento de los ataques sufridos por ganaderos en la provincia de Ávila frente a menos del uno por ciento en Valladolid.
Por este número de agresiones se presentaron 3.109 solicitudes de ayuda o pago en 2022 y otras 3.631 en 2023, de las que se estimaron 2.996 y 3.107, respectivamente, por lo que finalmente se abonaron 1.693.962 euros y 1.691.865 euros en el segundo año evaluado.

De la misma manera, los pagos mayores se producen en Ávila, con 726.147 euros abonados en 2022 y otros 733.843 en 2023, mientras que los importes descienden en Valladolid a 19.460 y 24.213 euros. En segunda posición se sitúa Segovia, con 410.557 y 280.558 euros.

Sin caza.

El parlamentario socialista requiere además conocer los censos o cupos autorizados de lobos, a lo que el departamento de Suárez-Quiñones responde que en el periodo 2022-2023 no se ha realizado ningún censo dado que la anterior estrategia nacional recomendaba su actualización cada 10 años.

Así, recuerda la Consejería que en los años 2012 y 2014 se coordinó una estima de la distribución de la especie y del número de manadas reproductoras. Adicionalmente, en 2018 se realizó una actualización del censo de manadas basada en seguimientos parciales realizados anualmente durante los cinco años posteriores al censo nacional.
De acuerdo con la estrategia nacional, durante 2022 y 2023 se ha ejecutado en Castilla y León, en el marco del censo nacional, uno nuevo de manadas, pero actualmente está en fase de análisis y procesado de los resultados obtenidos.

En este periodo, la Junta no ha autorizado la caza del lobo ibérico por la inclusión de todas sus poblaciones en el listado de especies silvestres con protección especial.
Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente califica de «favorable» la evolución de la población del lobo en Castilla y León, al pasar de las 179 manadas del último censo de 2014 a las más de 200 actuales.

La Junta urge al Gobierno a materializar ya la decisión de Bruselas de flexibilizar su nivel de preservación, conocida en diciembre, para lo que cuenta con el aval de las Cortes a través de las iniciativas parlamentarias aprobadas. En concreto, la última PNL aprobada insta a elaborar un nuevo plan nacional y su exclusión de la protección especial.