El portavoz adjunto de Sumar Enrique Santiago ha aclarado este martes en el Congreso que el anuncio realizado horas antes por la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre un acuerdo con el PSOE para la derogación de la conocida como Ley Mordaza, se limita a la reforma de un artículo para que deje de ser infracción la toma o difusión de imágenes de policías en manifestaciones.

En una rueda de prensa en el Congreso, el también diputado de IU ha explicado que, al margen del consenso global sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que el PSOE y Unidas Podemos alcanzaron en el Congreso en la anterior legislatura, el acuerdo relativo a esta norma consiste en la modificación del artículo 36 de esa norma aprobada en 2015 con la mayoría absoluta del PP.

En concreto, la redacción que proponen los dos grupos que integran el Gobierno de coalición, establece que "no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión" y que "la situación de peligro o riesgo cierto generado deberá ser constatable y reflejarse motivadamente en el acta o la denuncia, y con el mayor detalle que sea posible".

De hecho, esa es exactamente la misma redacción que se incluyó en el informe de la ponencia parlamentaria relativo a la reforma de la Ley Mordaza que se aprobó en la anterior legislatura pero que finalmente no salió adelante en la Comisión de Interior por falta da apoyos.

Constatar el riesgo

Entonces ya se acordó que se consideraría "infracción grave" el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando generase un "peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas" o pusiera "en riesgo el éxito de una operación".

A ello se añadía el textual del acuerdo anunciado este martes por Sumar para especificar que esa "situación de peligro o riesgo cierto" deberá ser "constatable y reflejarse motivadamente en el acta o en la denuncia, y con el mayor detalle que sea posible" y que, en todo caso "no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión".

"Para nosotros siempre ha sido algo muy importante acabar con cualquier penalización o sanción a los periodistas en el desarrollo de su actividad profesional cuando cubren algún tipo de operación policial", ha indicado Santiago.

Siempre a expensas de los socios

El portavoz adjunto de Sumar ha recordado, no obstante, que cualquier modificación de la Ley Mordaza deberá contar con la aquiescencia de los socios parlamentarios del Gobierno, la misma que no se logró en la anterior legislatura, dando al traste con el texto acordado entre el PSOE y Unidas Podemos.

El pasado mes de mayo, Sumar ya registró en el Congreso su propia proposición de ley de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Ese texto recupera el informe de ponencia aprobado en la anterior legislatura, que luego decayó en la Comisión de Interior por falta de apoyos de ERC y Bildu.

En esa nueva propuesta, Sumar opta por dejar fuera los escollos con ERC y Bildu, las discrepancias sobre la prohibición de pelotas de goma y las devoluciones en 'caliente' que llevaron a los independentistas a rechazar dicha reforma. Su idea es remitir estos aspectos a las enmiendas que se puedan plantear con idea de tejer consensos, cuando la norma arranque, en su caso, su tramitación en el Congreso.

Urtasun: se abre el camino

De su lado, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha subrayado que las medidas de regeneración democrática no podían ser "cosméticas" y que, con este acuerdo, se abre el camino para derogar la Ley Mordaza, planteando ya de forma concreta el artículo 36 de la misma.

"Ahora empezamos el trámite de negociación con los grupos parlamentarios donde vamos seguramente a ampliar el espacio (...). Iniciamos la derogación de la Ley Mordaza", ha agregado en declaraciones a 'La Sexta' el también ministro de Cultura, que ha sido uno de los negociadores con el PSOE en este asunto junto a Enrique Santiago.

Sumar considera que, además de la Ley de Seguridad Ciudadana, los denominados delitos de opinión cuya supresión defiende, forman parte de un conjunto de "leyes mordazas" que limitan la libertad de expresión y han causado un "gran daño" a la movilización social. Por eso sostienen que el pacto con los socialistas supone abrir el camino para su "desmontaje". Eso sí, para acometerlas deberá concitar una mayoría parlamentaria en el Congreso, es decir, el apoyo de sus socios habituales.