El sector del juego en Castilla y León cuenta con más de 450 empresas que dan trabajo a unas 2.000 personas. Además, las arcas autonómicas ingresan anualmente una cifra cercana a los 61,2 millones de euros en concepto de tasas e impuestos. Estos son algunos de los datos que explican la relevancia de este sector que celebrará durante dos días su XVII congreso regional en Ávila, una cita en la que se aprovechará para hablar de temas como la protección de datos en el ámbito del juego, el marco normativo o los medios de pago en los juegos y apuestas. Se hará principalmente con mesas redondas y ponencias en un congreso en el que está representada la administración y también los diferentes subsectores del mundo del juego.

La directora general de Relaciones Institucionales de la Consejería de Presidencia, Irene Muñoz, presentó el programa oficial del congreso, acompañada de los representantes de los subsectores (máquinas, bingos, salones de juego, casinos y apuestas) así como la representación de los consumidores y el delegado territorial de la Junta. 

Entre los datos que se dieron a conocer del sector, se explicó que en la actualidad hay en activo en Castilla y León tres casinos, 17 bingos, 116 salones de juegos y 17 casas de apuestas (además de diversas zonas y córners). También existen 16.138 bares, cafeterías y restaurantes en Castilla y León que cuentan con autorización para instalar máquinas de juego recreativas con premio en metálico. Estos datos, trasladados a Ávila, se traducen en ningún casino, un bingo, cinco salones de juego y una casa de apuestas (hay también cinco zonas y dos córners). A ello se unen 1.100 establecimientos con autorización de máquinas.

Aunque los avances en el sector se verán durante los próximos días, en un primer contacto los representantes de los subsectores hicieron un acercamiento en el que comentaron el daño provocado por la pandemia, su papel como generadores de empleo, su contribución a las arcas públicas y su intención de que a nivel social se les reconozca como parte del ocio.

Por su parte, Irene Muñoz hizo referencia a la intención de aprovechar el congreso para profundizar en los temas que incumben a las distintas administraciones públicas con competencia en la regulación del juego dentro de la comunidad autónoma, conocer las inquietudes y sugerencias de los distintos subsectores en un sector «muy dinámico» en evolución tecnológica y como generador de empleo, y ser un punto de encuentro para «llegar a acuerdos para conseguir alcanzar una regulación» que cada vez sea más completa.

Y aquí también entran los consumidores, con la presencia del presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y León, Prudencio Prieto, que habló de la «fiscalización» que llega desde los consumidores y puso sobre la mesa el tema de lo ludopatía, que aseguró que cree que tampoco interesa al sector del juego por lo que están preocupados por el control del jugador con enfermedades, así como la protección y tratamiento de datos de «especial sensibilidad», sobre todo con internet. «Necesitamos consumidores conscientes y realistas», señaló.

En la actualidad hay 1.068 personas inscritas en el registro de prohibidos de Castilla y León, que no tienen permitido el acceso a los establecimientos de juego de esta comunidad autónoma por cuestiones relacionadas con el consumo problemático, ya sea por voluntad propia o resolución judicial.