Las declaraciones el jueves del procurador abulense de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, José Pedro Pascual, en las que desvelaba supuestas manipulaciones de las listas de espera en el hospital abulense, extrapolables a todo el sistema hospitalario regional, han levantado sorpresa y un posterior tsunami de reacciones, entre las que predomina la exigencia de responsabilidades e investigaciones sobre el asunto. Partidos y sindicatos han coincidido en pedir la dimisión del representante político, primer procurador de la exitosa marca política Por Ávila, debutante en las últimas elecciones municipales y autonómicas, que gobierna en la capital abulense y varias localidades de la provincia; pero también que se depuren responsabilidades en torno a la gestión de las listas de espera, al margen del color político de quien la protagonice.

Coindidiendo con las matizaciones realizadas por el propio Pascual en la mañana de ayer, en el sentido de que «el tratamiento de los datos de las listas de espera no era el adecuado y que se corrigió» en su etapa como director médico, el Partido Popular, a través del presidente provincial del PP de Ávila, Carlos García, mostró «incredulidad y estupor» ante las manifestaciones que realizó el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, en la Comisión de Sanidad de las Cortes, en las que reconoció la «manipulación» de las listas de esperas por Sacyl. García, que reclamó la dimisión del procurador de Por Ávila, precisó que «la falta de ética, de moral y de profesionalidad en cualquier responsabilidad que atañe de manera directa a las personas son motivos más que suficientes para no permanecer ni un minuto más en la responsabilidad de un cargo público». García se preguntó «qué piensan los demás directores de los complejos hospitalarios», y se cuestionó si «somos conscientes de que con este tipo de declaraciones lo que se pone en tela de juicio es el trabajo ejemplar que hacen cientos de profesionales de la sanidad no solamente en Ávila, también en Castilla y León, para cuidar la salud de nuestros vecinos». Y tachó de «irresponsabilidad» las declaraciones de Pascual.

Carlos García reiteró que «entiendo que es un caso personal, que no hay que extrapolarlo al funcionamiento general de Sacyl, y creo que este tipo de prácticas y de comportamientos no son acordes a lo que pide la ciudadanía, y más en este caso, cuando estamos hablando de la salud de las personas».

El PSOE, por su parte, a través de un comunicado de prensa del procurador abulense Miguel Hernández, ha instado «a Sanidad a depurar responsabilidades tras admitirse la manipulación de las listas de espera». El procurador socialista abulense entiende que «la gravedad» de las manifestaciones del procurador de Por Ávila no puede quedar en un simple perdón: «sino que la sociedad abulense merece que se depuren responsabilidades, caiga quien caiga».

Miguel Hernández ha subrayado que «de la intervención de Pedro Pascual, al reconocer en sede parlamentaria que, a sabiendas, se han ocultado y manipulado datos oficiales, como son las listas de espera, pueden derivarse incluso responsabilidades de tipo penal».

El procurador socialista cree que «la Consejería de Sanidad está obligada a abrir una investigación urgente, aclarar de qué manera se ha gestionado la elaboración de las listas de espera y cómo es posible que se utilicen las listas de espera con intereses políticos, para ocultar a los usuarios del sistema público de sanidad los tiempos reales de demora para someterse a una intervención quirúrgica».

 Hernández señala también que las afirmaciones de Pedro Pascual «dan la razón al PSOE cuando denunciaba que desde la Junta se maquillaban las listas de espera para aparentar una buena gestión de las mismas».

La FeSP, la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT, muy crítica con la gestión sanitaria en la provincia en los últimos años, ha subrayado la «enorme gravedad» de las declaraciones del exdirector médico y actual procurador. Aunque agradece en un comunicado la «sinceridad»  de Pascual, manifiesta que «es el momento de explicar cómo se hacía la manipulación y cuántos responsables del complejo están implicados». UGT considera que se han levantado sospechas sobre la supuesta existencia de «cajas A y B» de listas de espera, y que tras sus «vasos comunicantes» podrían explicarse externalizaciones realizadas. La FeSP habla de alarma social y pérdida de confianza de los ciudadanos y piden al delegado de la Junta «que se abra inmediatamente un expdiente informativo en el que se investigue si se han manipulado las listas»

Por su parte, CCOO exige la «dimisión inmediata» del procurador de Por Ávila y apela a la consejera de Sanidad para que abra una «investigación exhaustiva» para «depurar las responsabilidades». «La obediencia debida y la falsedad documental por parte de un cargo público reconocida en sede parlamentaria no pueden despacharse con unas simples disculpas», afirman desde CCOO.

Por último, Actúa considera un «escándalo» las declaraciones de Pedro Pascual. Por esta razón, resalta que el procurador de Por Ávila no puede seguir representando a los abulenses, «después de haber confesado un presunto delito de prevaricación y falsedad de documento público».