De la gestión de la pandemia de la COVID y de la DANA en Valencia al caso de Begoña Gómez, juzgados de toda España instruyen investigaciones que afectan a cargos públicos y sus familias, muchas de ellas impulsadas por partidos u organizaciones que saturan los tribunales en forma de acusaciones populares.
Una condición jurídica a la que en las últimas décadas han echado mano prácticamente todas las formaciones políticas para denunciar causas de supuesta corrupción de sus adversarios, pero que de un tiempo a esta parte se ha convertido en un elemento clave de la estrategia de formaciones como Vox y de agrupaciones de la órbita más conservadora como el sindicato Manos Limpias o la asociación HazteOír.
De más reciente cuño son organizaciones como Liberum, nacida para restaurar libertades «usurpadas» en la pandemia, según afirma en su web; o Iustitia Europa, que defiende «un reinicio moral para España» y promete perseguir a los políticos en los tribunales.
Así, Gobiernos de distinto signo han intentado limitar la polémica figura de la acusación popular para evitar la instrumentalización de la Justicia y, de hecho, el Tribunal Supremo ha alertado del riesgo de «trasladar al proceso penal la contienda política».
En este sentido, e fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está siendo investigado en el Alto Tribunal por supuesta revelación de secretos, advirtió recientemente que, en muchas ocasiones, con esa personación en el juzgado se busca obtener repercusión o acceder a información de los procedimientos y filtrarla.
El caso Koldo y José Luis ábalos
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno instruye el caso Koldo, la presunta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de mascarillas en plena pandemia. Junto a la Fiscalía, en este causa actúan como acusaciones populares el PP, Vox, Liberum y Iustitia Europa. La parte que afecta al exministro José Luis Ábalos fue asumida por el Supremo, al ser diputado y estar aforado. El Alto Tribunal le investiga por supuesta organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. El PP se querelló también contra el PSOE por presunta financiación irregular, pero la Audiencia Nacional lo descartó. Sí aceptó su personación como acusación popular en la investigación al empresario Víctor de Aldama por un supuesto fraude del IVA en hidrocarburos.
Del novio de Ayuso al fiscal general
El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha citado para el próximo día 29 de este mes a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al que investiga por presunto delito fiscal y fraude documental. A la denuncia presentada por la el Ministerio Público se unieron Más Madrid y el PSOE como acusaciones populares.
La derivada más polémica de la causa llegó con la imputación del mismísimo fiscal general del Estado en el Supremo por un supuesto delito de revelación de secretos al ser denunciado por el propio González Amador, que demandó también a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, por presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor.
La investigación a Begoña Gómez
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e instrusismo profesional en el período en el que ejerció como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense (UCM). En el marco de esta causa, el magistrado ha citado a la esposa del jefe del Ejecutivo para el próximo 18 de diciembre.
En este caso, Vox coordina todas las acusaciones populares que el juez admitió en el proceso abierto: Manos Limpias, que fue quien denunció a Gómez en primera instancia, HazteOír, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España.
El hermano del presidente
El juzgado de instrucción número 3 de Badajoz investiga a David Sánchez, más conocido como David Azcona, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias tras una denuncia presentada por Manos Limpias. A la causa se ha sumado, entre otros, Vox, que cuestiona la contratación del hermano del inquilino de Moncloa, Pedro Sánchez, como coordinador de Actividades de los Conservatorios de la Diputación Provincial de Badajoz en 2017, cargo que después se transformaría en jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Según la acusación, este músico de profesión estaría recibiendo más de 50.000 euros anuales «sin ir a trabajar» y se habría trasladado a Portugal para evitar pagar impuestos en España.
La gestión de la DANA
El Supremo ha recibido ya una decena de querellas relacionadas con la DANA que arrasó, principalmente, la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre dejando un balance oficial de fallecidos al cierre de esta edición de 219 personas, por delitos como omisión del deber de socorro u homicidio imprudente, la mayoría contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Entre los denunciantes está de nuevo la formación derechista que lidera Santiago Abascal, Manos Limpias y Iustitia Europa, que también se ha querellado contra el jefe del Govern de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad.
Kitchen, Lezo, Púnica...
PSOE y Podemos ejercen como acusaciones populares en el llamado caso Kitchen, en el que la Audiencia Nacional investiga la presunta operación parapolicial montada para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraer material que éste podría guardar, a su vez, de la trama Gürtel.
Tanto los socialistas como la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) también está personados en otrso procesos judiciales de investigación de supuestos delitos de corrupción que afectan a otros destacados miembros del partido popular, como los casos Púnica y Lezo, causas ambas dos en las que también están presentes la formación morada e IU.