La Audiencia Provincial de Ávila condenaba en firme este miércoles a PBB a una pena de dos años de prisión y 9.394 euros de multa por vender drogas en la modalidad de menudeo en las calles de Arévalo, hecho considerado delito contra la salud pública, si bien la sala estudia ahora la posibilidad de suspender la pena de prisión al valorar como atenuante su adicción al consumo de estupefacientes y al haber comenzado un proceso de desintoxicación. A ello contribuye el que la Fiscalía (que, en un primero momento, había solicitado una pena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa cercana a los 28.000 euros) no se opone a esa suspensión siempre y cuando el acusado no cometa ningún tipo de delito en el plazo de tres años y a que continúe en el tratamiento de rehabilitación.
Los sucesos se remontan al 4 de mayo de 2023, cuando la Guardia Civil, como consecuencia de unas sospechas que existían sobre que el acusado podría estar traficando con droga en las calles de la capital de la Moraña, interceptó a PBB en un control desplegado en la AP-6 a la altura de Arévalo. En el mismo, le fueron localizados 211 gramos de cocaína con una pureza del 31,35 por ciento y con un valor aproximado en el mercado de 9.304 euros.
Según planteaba este miércoles la defensa, esa cocaína, de baja pureza, estaba destinada al consumo final de PBB, del que, aseguraba, no se dedica al tráfico de estupenfacientes, sino que es consumidor habitual.
En su planteamiento, la defensa alegaba también que PBB ni cultivaba, ni elaboraba, ni promovía el consumo ilegal de sustancias tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Según la misma, PBB consumía 2,5 gramos diarios de cocaína, si bien desde que falleció su madre, ese consumo se habría incrementado hasta los cuatro o cinco gramos diarios. Su padre, le habría prestado 5.200 euros para alquilar un bar, dinero que habría utilizado, dada su grave dependencia a la cocaína, para comprar suministros para una larga temporada. Y serían esos suministros los que le habrían sido encontrados por parte de la Guardia Civil en su automóvil, al regresar de Madrid.
«A raíz de los hechos», expone la defensa, «esto ha permitido poner un punto final en el modo de vida, colaborando en todo momento con los agentes de la Guardia Civil».De hecho, recalca la defensa, fue el mismo día en que quedó en libertad cuando PBB comenzó el proceso de deshabituación a la cocaína que ahora le sirve de atenuante en su posible suspensión de pena.
Es más, la defensa alegaba que en el informe médico forense presentado queda reflejado que no ha habido ningún consumo reciente de cocaína.
Casado y padre de dos hijos, el acusado deberá afrontar ahora, eso sí, el pago de los 9.305 euros de multa. Pago que la defensa solicitaba este miércoles fraccionar en 60 cuotas de 150 euros mensuales. Cifra que el Ministerio Fiscal solicitaba elevar hasta los 200 o 250 euros mínimo al mes.