Estimo que mi primera reclamación la puse en la estación de trenes de Ávila, seguro que también lo haría en Valladolid. La cuestión es que en mi época universitaria descubrí cómo funciona (de mal) este medio de transporte: falta de frecuencia, convoyes antiguos, ínfima calidad del servicio, mala atención al cliente… 
Recuerdo aquellos vagones de Cercanías a precio de Media Distancia, las pérdidas de tiempo y las impuntualidades constantes. Una vez anunciaron que el tren que nos tenía que llevar a Pucela venía con más de una hora de retraso. Vamos, que no había salido aún de Madrid.
Lo que más me llamaba la atención era que casi ninguno de los perjudicados, al llegar al destino, se iba a la ventanilla correspondiente para solicitar la parte proporcional del importe del billete o poner una reclamación.
Han pasado los años, esto fue entre 2005 y 2010, y la situación del ferrocarril no ha mejorado. Tampoco es boyante la del autobús. Hemos contado también incidencias y venta de billetes superior a la capacidad del vehículo, como ejemplos. Las reclamaciones quedan en nada porque, en la mayoría de los casos, se pierden por el camino.
Como la que cursé en 2021 por el trato, la falta de empatía y los modales recibidos en la ITV de Ávila. Es lo que tienen los monopolios y, por eso, desde hace tiempo entiendo a quienes se marchan a otras localidades a pasar la inspección.
Me refería al vacío administrativo y la indefensión de los usuarios. Resumo otro caso. En mi casa se averió el rúter en septiembre y la compañía se comprometió a mandarnos uno el viernes en un plazo de 24-48 horas.
El lunes la empresa de reparto iba a traernos el paquete a casa, pero no lo hizo. Nos aseveraron que no lo encontraban en el almacén y, unas horas después, nos enviaron un mensaje diciendo que no estábamos en el domicilio (mentira) y que sería devuelto. Lo conseguimos frenar y personalmente acudimos el martes al polígono de Las Hervencias en busca de algo que necesitábamos. Nos mandaron de una nave a otra, y cuando nos lo entregaron el precinto estaba roto y nos sorprendió una pegatina en amarillo que indicaba "entrega en sábado".
Puse la reclamación en la empresa por el caos, la lamentable gestión, las mentiras del proceso y el mal servicio. Presenté otra en Consumo de la Junta de Castilla y León, que la derivó a la Junta Arbitral de Transportes al considerar que no era su competencia resolver el asunto. Esta última me requirió unos requisitos para poder acudir a dicho organismo, los cuales no cumplía porque no tenía contrato con la empresa contra la que reclamaba.
Lo último ha sido, ya en junio, una notificación administrativa en la que se declara la inadmisión por desistimiento de la parte reclamante. Total, nada que hacer al existir un vacío legal.
Este caso puede resultar banal, pero no lo es que una persona de 90 años haya estado una semana sin teléfono en un pueblo en el que viven seis habitantes, pese a la insistencia de sus familiares en abrir incidencias y poner reclamaciones. La mujer ha estado sin teleasistencia ese tiempo, por lo que podría haberle pasado algo y no tener posibilidad de pedir ayuda.
Y otra «anécdota» más. Después de esperar seis meses una consulta con un especialista médico, a una semana de la cita (en el mes de agosto) la paciente recibe una carta, sin llamada de confirmación, ¡¡para retrasarla al año siguiente!! Reclamación sin respuesta.
Al final, llega el día de ir a ver al médico. Unas horas antes de la cita llaman a la paciente para decir que le están esperando, y que si en media hora no acude no le verán, porque avisaron el día anterior del cambio de hora (mentira). Y nunca pasa nada.