Una de las muchas lacras que sigue soportando nuestra sociedad, heridas que lo son más porque habiendo avanzado mucho en cuestiones de entendimiento y respeto aún siguen reproduciéndose contra toda lógica, es la de las agresiones que sufre el personal sanitario por parte de pacientes que en vez de agradecer la labor de cuidado que desarrollan a su favor tornan ese sentimiento positivo en otro violento que alcanza en ocasiones altos grados de violencia.
El último caso conocido en la provincia de Ávila, especialmente grave por su alcance, tuvo lugar en el consultorio de la localidad de Muñosancho, en donde un paciente agredió físicamente a una médica y una enfermera, con una intensidad que hizo que necesitasen atención profesional de sus compañeros. El agresor, que era paciente de ese consultorio, fue detenido y puesto a disposición judicial, pero el daño, como en otros tantos casos de este tipo, quedó hecho.
Las campañas puestas en marcha desde hace varios años para concienciar a quienes aún no lo estaban de que no es permisible ningún tipo de violencia en los centros de salud –parece que increíblemente algunos aún no lo estén, a pesar de todo–, bajo lemas como 'Stop agresiones' y 'Espacio de salud. Espacio de respeto', no consiguen su objetivo, como lo demuestran las lamentables cifras de ataques verbales o físicos que los sanitarios siguen sufriendo año tras año y sin distinción de sexo, edad o comarca.
La impunidad legal ante este tipo de agresiones ya no existe, porque por fortuna la Ley ha sabido y querido atajar el problema desde su ámbito de competencia, pero la estupidez y la violencia de quienes no quieren entender que esas actitudes brutales no consiguen más que hacer daño y no solucionar nada son mucho más difíciles de controlar, porque quienes la practican parecen insensibles al autocontrol y a cualquier tipo de consejo que sirva para evitar lo que en buena lógica nunca debería llegar a ocurrir.
Las campañas de concienciación siguen, la Junta de Castilla y León (en la que recaen las competencias en materia de sanidad) está muy implicada en minimizar hasta llegar a cero las agresiones en este ámbito y la Ley ha dispuesto todo lo necesario para que quienes, a pesar de todo, sigan empeñados en tomarse la injusticia por su mayo sean puestos de inmediato a disposición judicial. Todo ello debería servir para que el problema se atajase definitivamente, pero por desgracia el ser humano tropieza dos y cien veces en la misma piedra y por eso la lucha, la de la educación y la del peso de la Ley para quien la incumpla, deben seguir siendo lo más visibles y eficaces que puedan. Que no haya impunidad.