El grupo de Por Ávila en la Diputación Provincial pedirá explicaciones a los responsables de la institución en la próxima Comisión Informativa de Recursos Humanos, Régimen Interior, Organización y Transparencia tras la publicación por parte del Consejo de Cuentas de Castilla y León de su informe anual de fiscalización, en el que se detectan «incumplimientos muy significativos» de la Ley de Contratos del Sector Público.

A través de un comunicado de prensa enviado a esta Redacción, el portavoz de Por Ávila, Óscar Jiménez, muestra su confianza en que «el presidente de la Diputación o el diputado responsable de contratación ofrecieran algún tipo de explicación a la vista de este informe en el que los dos contratos de la institución provincial del año 2021 analizados presentan irregularidades».

«Desde Por Ávila confiábamos en que, tras la presentación de este informe de fiscalización del Consejo de Cuentas, los dirigentes de la Diputación comparecieran para dar explicaciones sobre estos incumplimientos legales en el área de Contratación. Pero no ha sido así, y no sabemos qué medidas se van a llevar a cabo para corregir en el futuro estas cuestiones», asegura Jiménez.

Desde Por Ávila se recuerda que, «e primero de los contratos analizados es el servicio de limpieza de las dependencias de la Diputación. El Consejo de Cuentas afirma que se han producido incumplimientos significativos ya que existe un insuficiente detalle del objeto del contrato puesto que no se desarrolla el contenido de los servicios contratados, ni la extensión y clases de las superficies a limpiar, periodicidades de las diferentes actuaciones de limpieza, etc». También se detecta que «la definición de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor presenta un incorrecto o insuficiente desarrollo», y «no se establecen los elementos a valorar en cada uno de los criterios, que permita a los licitadores y a los órganos de valoración conocer qué aspectos serán tenidos en cuenta, positiva o negativamente, para identificar dicha adecuación y la selección de la oferta más ventajosa». A juicio de Por Ávila, «tampoco queda justificada adecuadamente la no división en lotes del contrato, teniendo en cuenta que el contrato tiene por objeto la limpieza de instalaciones ubicadas en seis centros diferentes, lo que no favorece la concurrencia de pequeñas y medianas empresas». 

El segundo contrato analizado es el de la conservación de carreteras provinciales Zona 2. Según el Consejo de Cuentas «se ha producido un incumplimiento muy significativo, con el uso de fórmulas que conllevan un elevado riesgo de que el contrato no se adjudique al mejor licitador. Y es que, en la definición de la fórmula de valoración de la oferta económica, se introduce un sesgo favorable a la proximidad de la oferta valorada a la baja media, en lugar de su relación con el presupuesto de licitación, y además quedan excluidas las empresas que presenten una oferta, en más o en menos, del 10% a la baja media, algo que  puede producir que la oferta más barata no obtenga la mejor puntuación, incluso que no sea tenida en cuenta, sin que se justifique en el expediente las razones que motivan su elección».