"Esta consejera que abra la cartera", "donde está nuestro dinero" o "pagos ya" fueron algunas de las consignas que se pudieron leer o escuchar en la concentración llevada a cabo este jueves por la Junta de Personal Docente no universitario de Ávila ante las puertas de la Dirección Provincial de Educación. El objetivo de esta movilización, a la que le pueden seguir otras -advierten-, pasa por denunciar el retraso en los pagos del dinero que les corresponde a los centros educativos públicos de Ávila y provincia y preguntar "dónde está ese dinero y por qué motivo no se ha abonado ya".
El presidente de la Junta de Personal Docente, José Ignacio Rodríguez, detalló ante los medios que "no se está abonando el último libramiento económico a los centros educativos", una cantidad que ronda el 40% de la percepción anual y cuya ausencia está incidiendo, asegura, en "el normal funcionamiento de los centros", no en vano algunos "no tienen dinero para calefacción, fotocopias o para papel higiénico". En este marco, explicó que este último pago se viene realizando en noviembre y que en la última reunión del año pasado les dijeron que se iba a pagar en diciembre, pero "no se está haciendo", más allá de "pequeñas cantidades a los centros que comunicaron que estaban en números rojos y que lo estaban pasando mal".
"Queremos respuestas y saber porqué no se está abonando ese dinero", insistió José Ignacio Rodríguez, quien apuntó que registraron un escrito en noviembre del que no han obtenido respuesta y también pidieron una reunión con la nueva directora provincial de Educación para la que todavía no hay fecha. "Somos los representantes de los docentes de Ávila y provincia y estamos ya un poco cansados de que nos ninguneen, nosotros comunicamos lo que se nos está trasladando desde los centros", dijo, para instar a los responsables políticos a que "se pasen por los centros porque ahí es donde está el día a día".
Como ejemplos, aseguró que mientras a algunos centros grandes les deben "35.000 euros", a los pequeños la cantidad puede ser de 2.000 euros, pero para éstos ese montante puede ser igual o más importante. Además, afeó que se esté penalizando a los centros pequeños y a los que han tenido "una gestión económica buena", una idea en la que ahondó el representante de CCOO, Javier González, que habló de "agravio muy grande" con los Centros Rurales Agrupados (CRA) por este motivo. Desde UGT, por su parte, Belén Serrano señaló que hay centros que ya están teniendo problemas para poner en marcha proyectos y que ya falta material.
Desde la Consejería de Educación señalan que la consejera "ha despejado todas las dudas" en sede parlamentaria, asegurando que "ningún centro educativo tiene deudas" y que la Junta de Castilla y León les ha dado a todos los centros "los fondos necesarios para cubrir todos los gastos, no sólo luz y calefacción". Eso sí, reconocen que hubo "un pequeño desajuste en las previsiones porque la Consejería fue previsora y calculó un precio de la eneríga más caro, pero no ha causado ningún trastorno al funcionamiento de los centros educativos. En el año 2023 la Consejería ha enviado a los centros en torno a 32 millones de euros a los que hay que sumar otras partidas como contratos de limpieza o seguros multirriesgo, una cifra similar a la de años anteriores", subrayan las mismas fuentes.