Una vez superada la peor parte de la crisis de los incendios que asolan a Castilla y León desde hace un mes, llega el tiempo de la bronca política. Las causas y los responsables de esta crisis medioambiental que se ha llevado por delante casi 80.000 hectáreas desde que ardieran los primeros árboles en la Sierra de la Culebra el pasado 15 de junio centraron ayer los mensajes de Junta, oposición y Gobierno central. Así, y sin mencionarse directamente todavía, ambos señalan a culpables diferentes y dibujan realidades muy distintas sobre lo ocurrido en seis de las 9 provincias estas semanas.

Desde la Junta de Castilla y León mantienen el mantra iniciado este domingo por el presidente Alfonso Fernández Mañueco que apunta directamente a fuegos intencionados de «terroristas» que «están quemando la Comunidad», en referencia a los tres últimos grandes incendios que registrados en Ávila, Burgos y Zamora. Una tesis que contó con el respaldo de varios cargos autonómicos del PP, que ayer reclamaron endurecer las penas de cárcel para los incendios provocados, centrar todos los esfuerzos de las distintas administraciones en extinguir los fuegos aún activos y criticaron la «irresponsabilidad» del Ejecutivo socialista por, a su juicio, enfrentar a las comunidades autónomas.

Al otro lado, la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, consideró  que es «muy osado» sacar «conjeturas previas» acerca de que estos incendios ocurridos este fin de semana, cuyas causas aún se están investigando, han sido «intencionados». Frente a esto, Fernández Mañueco aseguró que, aquellos que han puesto en duda que la mano del hombre estuviese detrás del incendio de Burgos, ahora, cuando hay un detenido, les preguntó: «¿Qué tienen que decir?». «Las causas de los incendios son múltiples y variadas, pero el primero de los motivos es la mano del hombre», sostuvo Fernández Mañueco en una visita ayer al puesto de mando avanzado del incendio declarado en Quintanilla del Coco (Burgos).

«Deseo que a quienes intentan quemar Castilla y León se les detenga y pasen a disposición judicial», añadió el presidente quien, al ser preguntado por los casos en los que el origen de las llamas no es intencional –como parece que es el caso del de Quintanilla del Coco–, aseguró que «hay que cumplir las normas y, especialmente, los profesionales del campo». En cualquier caso, y ante las duras críticas de la oposición, sindicatos y organizaciones profesionales, hizo un llamamiento a «mantener la unidad, pero hay que mantenerla en todas las direcciones y desde todas las responsabilidades». 

Conjeturas previas

«A mí me parece muy osado sacar conjeturas previas que den a elevar a categoría un tipo por el que se ha producido estos incendios», espetó desde El Espinar (Segovia) la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, que tiró de estadísticas para recordar que los fuegos intencionados se trata esta de una categoría, porcentualmente, «muy pequeña», «casi residual». «Por eso, yo hablo de responsabilidad y de rigor. La Guardia Civil investiga siempre, elevar a categoría un tipo de suceso por el que se provoca un determinado tipo de incendio no sé si responde a la objetividad y al rigor que se necesita en estas circunstancias», expuso.

En cualquier caso, no dudó en asegurar que «la Guardia Civil está investigando» el origen de todos los incendios que se han declarado en la Comunidad: «Como en este caso, que ha sido esclarecido, cuando estos dos últimos incendios sean esclarecidos –en referencia a los de Ávila y Zamora–, se pondrá en conocimiento», dijo.

Unas críticas que también llegaron desde fuera de la Comunidad. La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, tachó ayer de «lamentables» las declaraciones del consejero en las que culpó de los incendios a los ecologistas y sus «nuevas modas». «La culpa es de los consejeros que no están a la altura de las circunstancias», le replicó.