Todo arrancó el 16 de abril del año pasado. Esa jornada el colectivo Manos Limpias presentó una denuncia argumentando que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, había actuado «prevaliéndose de su estatus personal» al haber firmado una serie cartas de recomendación a favor de Juan Carlos Barrabés -empresario y codirector de la cátedra por la que se la investiga- en sus ofertas para concursos públicos, de los que el empresario habría obtenido 10 millones de euros en licitaciones. 

Esa denuncia prendió la mecha a una causa judicial que sigue encendida 12 meses después y que ya se conoce como el caso Begoña Gómez, a pesar de que el Ejecutivo siempre sostuvo que «no hay caso». No obstante, la apertura de ese proceso convulsionó la política española y llevó a Pedro Sánchez a retirarse cinco días para reflexionar sobre si seguir o abandonar la Presidencia del Ejecutivo.

La investigación a Gómez cumple ahora un año, y lo hace con una nueva visita del juez instructor Juan Carlos Peinado a la Moncloa este miércoles para interrogar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, mientras se siguen acumulando recursos de la Fiscalía y las defensas contra un proceso no exento de críticas políticas y en el que cuatro testigos han acabado imputados.

La causa que nació a iniciativa del sindicato Manos Limpias cumplirá precisamente ese día 12 meses de andadura, en los que ya son cinco los investigados y han sido citados a testificar numerosos testigos: desde el propio titular de Presidencia y Justicia hasta el mismísimo jefe del Ejecutivo o el presidente de Telefónica, Marc Murtra.

Durante este tiempo, el juez ha investigado la actividad profesional de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigió una polémica cátedra sin una titulación acreditada y donde se descubrió que supuestamente había explotado a favor de su empresa el software de la facultad que habían diseñado gratuitamente Google, Indra y Telefónica para esa cátedra. 

También se puso el foco en su papel al frente del África Center (dependiente del Instituto de Empresa), o su relación con el citado empresario Barrabés, adjudicatario de contratos públicos. 

En todas estas actuaciones, el instructor ha visto presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida o intrusismo, al mismo tiempo que investiga por supuesta malversación el nombramiento de una asesora de Moncloa para asistir a la mujer del presidente.

Todo ello con la oposición frontal del fiscal y las defensas, que han criticado un proceso «errático» y la «constante oscuridad» con la que creen que Peinado dirige la causa, convencidos de que no motiva sus resoluciones. Pero también con el aval parcial de la Audiencia de Madrid, que no obstante le instó a acotar el caso, y en parte el del Tribunal Superior de Justicia, que rechazó hasta tres querellas contra él.

Tras meses de pesquisas, el magistrado tomó una decisión inédita: acudir a Moncloa para interrogar como testigo a Sánchez como «esposo de la investigada», a petición de las acusaciones populares coordinadas por Vox, y entre las que figura la organización Hazteoír o el partido Iustitia Europa. El líder del PSOE se acogió a la dispensa legal de no declarar y el juez llegó a afirmar que también podían sacarse «conclusiones» de su silencio.

Pugna abierta

Horas después de la comparecencia, la Abogacía del Estado, en representación de Presidencia del Gobierno, presentó una querella contra Peinado por prevaricación al no haber permitido al presidente testificar por escrito, que se sumaron a dos más interpuestas contra el juez, incluida una de Gómez.

El Tribunal Superior de Justicia las rechazó todas, al no ver rastro de prevaricación en el magistrado, que meses después decidió citar al ministro Bolaños también en su despacho de Moncloa y ahora vuelve a hacerlo de nuevo esta semana.