Los vecinos de Candeleda han sido testigos durante varios años de una pequeña polémica que ya está próxima a resolverse. En el 2020, una mujer residente en el número 23 de la calle Calzaílla de la localidad, decidió instalar una puerta para cerrar el callejón de acceso a otros portales de la misma vía. Según argumentan desde el Ayuntamiento candeledano, esa vecina colocó esa valla «por seguridad, porque en ese callejón entra mucha gente a hacer sus necesidades». Sin embargo, la mujer desconocía que ese paso era de titularidad pública, no privada, por lo que ese cerramiento es ilegal. Esto provocó las quejas de algunos ciudadanos del pueblo, entre ellos, el abogado Antonio Almeida, quien encabezó una cruzada para la reapertura de esa vía pública. "Uno de mis clientes se ha gastado mucho dinero durante estos cuatro años para que esto llegara a buen puerto, porque el Ayuntamiento no le hizo caso no le hizo ningún caso desde el primer día", denuncia el abogado.
Hace algo más de un mes, el 19 de junio, el Ayuntamiento de Candeleda emitió una resolución favorable a las demandas de Almeida. En ese texto, no solo se desestimó el recurso de reposición presentado por la vecina, sino que «se ordenó a María Sacramento Moreno Gálvez (nombre de la mujer) la retirada de la puerta instalada para cerrar el callejón en la dirección Calzaílla, 23, reponiendo los bienes afectados a su estado anterior en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución». Por tanto, el problema está, aparentemente aclarado. Sin embargo, a día 1 de agosto, la puerta sigue en el mismo lugar.
«Hace pocos días que se cumplió un mes desde la emisión de la resolución. La Administración tiene que contar con un pequeño margen y hay que entender que estamos en fechas de verano y de vacaciones. Es una cuesión de días que se retire esa puerta», afirmó el alcalde de Candeleda, Carlos Montesino.
No obstante, el abogado Almeida solicitó al Consistorio hace escasos días «que proceda a la ejecución subsidiaria de las medidas de restauración de la legalidad a costa de la persona responsable y que se le impongan las multas coercitivas correspondientes», procedimientos que están valorando tomar desde el Ayuntamiento. Sin embargo, el alcalde tranquiliza a los ciudadanos y asegura que «se va a restaurar la legalidad, se impondrá una sanción por infracción urbanística a la responsable y se adoptarán las medidas ejecutivas que correspondan».