La Asociación Unificada de Guardias Civiles en Ávila ha reclamado al Gobierno que se reconozca a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo. Esta reivindicación llega después de que el pasado sábado, 28 de septiembre, durante una actuación de la Guardia Civil en Arévalo que acabó con cuatro detenidos, tres agentes resultasen lesionados.

Según expresan desde la AUGC, "en nuestro trabajo somos víctimas de insultos, amenazas y ataques por el mero hecho de dedicarnos a la defensa de las libertades y derechos de la ciudadanía y al mantenimiento del orden público; una situación de indefensión totalmente inmerecida e inasumible en un Estado de Derecho que requiere de medidas excepcionales por parte del Ministerio del Interior, tanto en la protección y seguridad de los agentes como en el endurecimiento de las condenas que actualmente contempla el Código Penal". Sobre éstas, recuerdan que son de 6 meses a tres años de prisión para el delito contra agente de la autoridad, y de 3 meses a un año de prisión o multa para el delito de resistencia o desobediencia grave".

Para la AUGC, "no es comprensible que Policía Local, Mossos d'Esquadra y Ertzainza tengan ese reconocimiento laboral" de profesión de riesgo, mientras que Policía Nacional y Guardia Civil no. Y también reclaman como "imprescindible el endurecimiento del Código Penal "para recuperar el principio de autoridad".

Desde esta asociación lamentan que, "en muchas ocasiones", los agresores/as sean puestos en libertad a las pocas horas de su detención, y añaden que "no es comprensible que el agresor esté en la calle mientras la víctima está recuperándose de las lesiones físicas o psicológicas". Este hecho, a su juicio, "crea incertidumbre en la sociedad y una falsa sensación de impunidad en los agresores, fomentando la idea para unos y otros de que el reproche penal es mínimo, y contribuye sin lugar a dudas a que el principio de autoridad cada día está más denostado socialmente".

Además critican "la falta de un protocolo claro ante las situaciones de violencia inusitada que surgen cada vez con más frecuencia en todo el territorio nacional y también en nuestra provincia". Es por este motivo que recuerdan que "llevamos tiempo solicitando al Ministerio de Interior pistolas táser y cámaras corporales", y recalcan que "cada patrulla de nuestros pueblos debería llevar este tipo de herramientas como parte de la uniformidad, puesto que contribuirían a disuadir a los autores y con ello se evitarían agresiones que ponen en peligro la integridad física de agentes y ciudadanos".

A su vez, creen que es necesario que por parte de la Fiscalía se adopte el criterio de solicitar el ingreso en prisión provisional de los investigados por delito de atentado contra agentes de la autoridad con resultado de lesiones sobre éstos. Y que por parte de los Juzgados de Instrucción no se tramiten estos asuntos como diligencias urgentes de juicio rápido, "puesto que en la mayoría de los casos en que así se hace no se determina con acierto y realidad el alcance de las lesiones y la sanidad de los lesionados, y es muy habitual que con el paso de los días el lesionado sufra un empeoramiento, una recaída o incluso reciba un diagnóstico distinto tras someterse a pruebas médicas".

Finalmente, recuerdan que el pasado 26 de septiembre han solicitado una reunión al subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, para tratar estos temas y otros.

Conferencia. Por otra parte, anuncian que la Delegación de AUGC en Ávila ha programado una conferencia a cargo de su abogado, Andrés Díaz Moñino, bajo el título 'Agente de la autoridad y víctima de lesiones', que tendrá lugar el próximo 22 de octubre en el salón de actos de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila.