Una docena de fiscales de Sala han remitido una carta a Álvaro García Ortiz pidiéndole que dimita, por el "daño"que está haciendo a la Fiscalía.

Independientemente de la reacción que pueda tener el Fiscal General al conocer esta misiva, hace días que en el mundo de la judicatura se tiene la percepción de que García Ortiz quiere abandonar el cargo, pero que el presidente de gobierno y el ministro Félix Bolaños le presionan para que se mantenga en el puesto, a pesar del deterioro de reputación en el que se encuentra García Ortiz, imputado por presunto delito de revelación de secretos, y que teme ser procesado.

En esta semana se ha producido además su comparecencia ante el Tribunal Supremo que ha minado todavía más su imagen profesional al negarse a responder las preguntas del juez instructor, y cuestionar su obligada independencia, como si el juez Hurtado fuera prevaricador.

La situación del Fiscal General es insostenible y afecta gravemente a la reputación del Ministerio Público. García Ortiz da la impresión de que quiere tomar el camino más perjudicial para su carrera, probablemente mal aconsejado, o apostando por el ataque como método de defensa. Incluso ha señalado la responsabilidad de sus subordinados, entre ellos la Fiscal Superior de Madrid que se le enfrentó ante el episodio de las filtraciones periodísticas de datos sobre el acuerdo de conformidad que buscaba el novio de Isabel Ayuso.

Todo indica que, si García Ortiz se continúa en la Fiscalía como desea Moncloa, intentará sortear la delicada situación en la que se encuentra con la ayuda del Tribunal Constitucional, presentando recurso basado en la presunta ilegalidad emprendida por el Tribunal Supremo contra su persona, con una investigación de la UCO que llevó a registrar su despacho oficial y retenerle su teléfono móvil.

Una vez más todos los caminos relacionados con asuntos polémicos conducen al Tribunal Constitucional. Es decir, a Cándido Conde Pumpido.

Ha sido uno de los juristas de mayor prestigio, lo reconocían incluso compañeros en las antípodas de su ideología, cercana al socialismo democrático. Contaban que a la hora de ejercer su profesión, sus autos eran dignos de estudio. Se adivinaba su tendencia, pero los argumentos eran de una solidez tan rigurosa que no era fácil desmontarlos.

El "ha sido" se debe a que ese prestigio se encuentra hoy en declive. Cada vez que se menciona que se lleva al TC un asunto que afecta directamente a los intereses de Pedro Sánchez, lo habitual es dar por hecho que Conde Pumpido utilizará la mayoría progresista para conseguir el objetivo que buscaba el presidente de gobierno.

El problema para el Fiscal General es que los recursos se presentan tratando de impugnar una condena firme, o intentando anular un proceso de investigación claramente ilegal.

Estamos ante una constante judicialización de los asuntos políticos más incómodos para el presidente Sánchez, su gobierno y su partido.

Todo un reto para Conde Pumpido, que ve llegar a su mesa recursos que le obligarán a tomar decisiones que son todo un desafío.