El denominado caso hidrocarburos ha permitido destapar una telaraña de empresas destinadas a perfeccionar un presunto fraude millonario a Hacienda, aderezado con otras «operativas criminales». En la cúspide de esta trama estarían el conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, y su socio Claudio Rivas. Según la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la presunta organización criminal habría defraudado 231 millones de euros en IVA entre 2021 y 2024.

Estos hechos llevaron a Aldama a la prisión de Soto del Real (Madrid) durante poco más de un mes, hasta que llegó a un pacto con la Fiscalía por el que prometió colaborar con la Justicia y admitió haber cobrado y pagado comisiones en el caso Koldo, que gira en torno a presuntas mordidas en contratos de mascarillas en pandemia.

Según los informes policiales, el entramado de empresas tendría dos objetivos: en primer lugar, eludir el correspondiente pago de impuestos en el sector de los hidrocarburos, para después posibilitar el blanqueo de los beneficios en países como Portugal, China o Colombia, a través de testaferros.

A raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, el juez abrió una investigación cuyas pesquisas apuntan a más de una treintena de personas y casi 50 sociedades por delitos contra Hacienda, blanqueo, organización criminal o falsedad documental.

La trama pivota sobre Villafuel SL, una operadora que habría simulado transmitir hidrocarburos a un puñado de sociedades interpuestas, que actuarían bajo su control, cuando, en realidad, se enviaba a sus clientes finales (estaciones de servicio). Esta «operativa criminal» para evitar el pago del IVA permitió a la organización «disponer de un importante margen» para bajar el precio del hidrocarburo y subir sus ventas, «acaparando el mercado y obteniendo un beneficio directo». Es lo que se desprende de una de las resoluciones del juez, que sitúa a Aldama y Rivas como «máximos dirigentes e ideólogos de la estructura empresarial y de la operativa perfeccionadora del fraude» ya que «sin ellos, la organización no tendría capacidad operativa ni delictiva».

Tras los ideólogos de la trama se encuentra la hermana de Rivas, a la que el juez apunta como «subdirectora», y le siguen una serie de  «cooperadores y  testaferros».

Blanqueo internacional

Una de las principales líneas de investigación del caso se centra en seguir el rastro del dinero y desgranar las presuntas operativas internacionales de blanqueo. Para ello, el juez se ha dirigido hasta en dos ocasiones a Portugal para solicitar información sobre una batería de empresas y cuentas bancarias.

En un primer momento, se descubrió que los fondos iban a parar al país vecino, pero más tarde se hallaron indicios de que 73,9 millones de euros acabaron, además de en Portugal, en China y Colombia mediante transferencias «amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramientos, confeccionados en su mayoría por Aldama», según las pesquisas.

Los agentes han hecho la trazabilidad de fondos desde empresas lusas a una sociedad controlada por Aldama. Un «retorno» de dinero que «se transformó» en inmuebles, vinos de alta gama o joyas.

Desfile de imputados

Entre marzo y abril, desfilarán por la Audiencia Nacional 17 de los investigados, entre los que no figuran Aldama ni Rivas, que declararon el pasado mes de octubre y negaron cualquier vinculación con Villafuel. Entre los citados se encuentra la empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE, y su hija Leonor González. 

En esta causa concurren también algunos de los investigados en el caso Koldo, como varios socios de Aldama, algunos de ellos integrantes de un chat de WhatsApp llamado «los cuatro mosqueteros».

La ronda de declaraciones arrancará el próximo 5 de marzo con Francisco Javier Cillán, que fue jefe de operaciones de Villafuel y, según consta en el sumario de la causa, conocedor del sector de los hidrocarburos, así como máximo responsable de la coordinación administrativa y comercial y tributaria de la estructura empresarial.

Desde que Aldama salió de prisión ha lanzado acusaciones de cobro de mordidas contra altos cargos del Ejecutivo y del PSOE, y llegó a afirmar que dispone de documentación que implicaría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La formación, que integra la acusación popular, solicitó esta semana al juez que volviera a encarcelarle alegando que «sus imputaciones no han sido corroboradas con pruebas» y que «se limitó a desplegar un relato denigrante contra responsables del partido, que está estorbando al resultado de la presente instrucción».

Sin embargo, el juez Pedraz rechazó la petición de los socialistas   al considerar que «no se han aportado nuevos datos o hechos relevantes», ni puede deducirse «que siga en la reiteración del delito o que oculte pruebas». 

Según detalla en un auto, «los ataques al PSOE o a otras personas, como si el señor Aldama colabora o deja de colaborar en otras causas, no suponen hechos nuevos».