La polémica protesta registrada el 8 de marzo en el entorno de Adanero en el marco de las movilizaciones del campo, saldada con el enfrentamiento entre manifestantes y guardias civiles, empieza a tener sus consecuencias en forma de propuestas de sanción, muchas administrativas pero también con denuncias por la vía penal. Lo confirmó este lunes el presidente de Asaja Ávila, Joaquín Antonio Pino, quien señaló que, a petición de los asociados, las organizaciones agrarias representativas de la provincia pidieron una reunión con el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, que se llevó a cabo el viernes para abordar este asunto, toda vez que ya han llegado al menos una treintena de notificaciones, con más de una decena denuncias penales y una veintena de multas administrativas que van desde los 800 euros en adelante, hasta los 1.800 euros, según comentaron lo responsables de las organizaciones en el marco de una rueda de prensa de otro tema.
En este sentido, Pino reprochó a la Subdelegación del Gobierno en Ávila que «tristemente se quieran lavar las manos por las denuncias. Nos preocupan más las denuncias por cuestiones penales, porque las económicas se arreglan con dinero», pero «en la reunión dijeron que no pueden hacer nada, cuando es la administración que tiene las competencias constitucionales de ejercer las potestades ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», dijo.
En este sentido, insistió en que en la protesta «no se hizo nada distinto a lo que se había hecho en otros días» en el marco de las movilizaciones de los trabajadores del campo, pero «se mandó cargar contra los agricultores y ganaderos», de ahí que siga viendo «desmesurada» la actuación policial, «y no lo digo yo, se ve en los vídeos», subrayó. «Lamentamos y pedimos a la Subdelegación que no se ponga de perfil, igual que estuvieron para dar leña a los agricultores y ganaderos, quite sobre todo estas cuestiones penales».
Además, afeó que en la reunión en la Subdelegación hubiera estado presente Jesús Caro, senador y secretario provincial del Partido Socialista. «Yo no sé si el PSOE de Ávila pone y quita de multas, pero allí estuvo y no lo entendemos», señaló.
apoyo de la diputación. El presidente de la Diputación, Carlos García, presente en la convocatoria, también tomó la palabra para reprochar, precisamente, la presencia de Caro en la reunión, al calificar de «lamentable» que «utilice una administración del Estado como es la Subdelegación del Gobierno como sede del PSOE». Además, criticó lo que consideró como el «comportamiento vergonzoso del Gobierno con el sector primario». «No solo se encargó de que se apaleara a los agricultores y se les culpa del cambio climático, sino que ahora se están empezando a recibir las sanciones administrativas de hasta 1.800 euros para cada agricultor y lo peor de todo, que se abran diligencias penales», dijo.
Además, cargó contra «la doble vara de medir del Gobierno», en el sentido de que «amnistía a delincuentes y políticos que han malversado» y «criminaliza y castiga a agricultores y ganaderos que tienen una vida digna y viven en sus pueblos. Desde esta Diputación y como presidente del PPdamos el apoyo necesario frente esta injusticia que se está cometiendo con los agricultores y ganaderos de nuestra provincia que lo están haciendo es reivindicar precios justos para garantizar la movilidad de sus explotaciones», señaló.