El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo formalizado hace dos semanas por un grupo de vecinos de la zona centro para instar a la anulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad, la cual fue aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Ávila del mes de mayo y entrará en funcionamiento, si nada lo impide, el 1 de enero del próximo año.
Así lo confirmó a este diario el abogado Pablo Casillas, uno de los promotores de una iniciativa que empezó a fraguarse hace meses con el respaldo de más de 400 vecinos que se sumaron al escrito de alegaciones presentadas a la propuesta de ordenanza de la ZBE, las cuales fueron rechazadas. Ahora, con la admisión a trámite de este recurso contencioso administrativo, se inicia formalmente el expediente, de manera que el tribunal tendrá que requerir la documentación pertinente al Ayuntamiento de Ávila, el promotor del proyecto que busca limitar el acceso rodado de los vehículos más contaminantes (los que no pueden acceder al distintivo ambiental) a un recinto que prácticamente coincide con la zona intramuros de la ciudad.
Pablo Casillas explicó en su momento que la intención es que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad de Ávila quede derogada por entender que «carece de motivación» y de argumentos técnicos y jurídicos que avalen su establecimiento en el casco histórico. A su juicio no se ha llevado a cabo el estudio de todas las circunstancias que afectan a una medida de tanta relevancia, en ámbitos como la movilidad, la calidad del aire y la acústica de todas las zonas de la ciudad, de ahí que hablen de «arbitrariedad» en la decisión de la delimitación de la ZBE de Ávila, la cual tiene su núcleo central en el recinto intramuros aunque también comprende los entornos del Mercado Grande y el atrio de San Isidro. El área definida supera los 485.000 metros cuadrados, cuenta con más de 3.300 viviendas en las que viven más de 4.200 habitantes censados y, a partir del 1 de enero, pondrá restricciones de acceso para los vehículos a motor que, por su antigüedad, no tienen derecho a la etiqueta ambiental. En Ávila se estima que son 16.000 los vehículos afectados por no disponer de etiqueta.
El citado recurso al TSJ que acaba de admitirse a trámite no incluye la petición de establecer medidas cautelares para la entrada en vigor de la ZBE, prevista el 1 de enero, por las dificultades que eso pudiera conllevar, indicó Casillas. Con todo, hay que tener en cuenta que hace unos días quedaba aprobada en el Pleno de Ayuntamiento de Ávila una moratoria de seis meses para las sanciones que se interpongan por infringir la ordenanza la Zona de Bajas Emisiones, de manera que no serían efectivas hasta el 1 de julio de 2025. También hay que se señalar que la citada normativa contempla una veintena de supuestos para los vehículos más contaminantes, la mayoría de ellos previa autorización municipal.
La presentación del recurso contencioso administrativo a la ZBE de Ávila llegó unos días después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado las Zonas de Bajas Emisiones de la capital madrileña al considerar, entre otras cuestiones, que se da una «patente insuficiencia del informe de impacto económico» de las medidas adoptadas en la ordenanza municipal, según informó Europa Press.
El Ayuntamiento de Madrid anunció entonces que recurrirá la sentencia del TSJM ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación, cuyo plazo de presentación concluye el 29 de octubre.