Este martes se inicia en el Congreso el debate sobre la amnistía, la gran batalla política y judicial para aprobar una ley de la que dependerá que Pedro Sánchez conserve los votos necesarios para completar la legislatura.
La proposición de ley sobre la amnistía ya está lista para que se inicie su tramitación parlamentaria y lo primero que salta a la vista es que apenas ha sufrido modificación con la que defendían los partidos independentistas. El texto es prácticamente el mismo que se había filtrado, el que pusieron sobre la mesa Junts y ERC, que ya anunciaron que no iban a aceptar cambios significativos. No los ha habido.
Ya se ha ocupado Sánchez de garantizar que todo salga según sus intereses. Incluso ha destinado al Congreso a un nuevo Letrado Mayor -Fernando Galindo, procedente del Gobierno- para desnaturalizar así el informe del anterior equipo de letrados que declaraba inconstitucional la amnistía y, no satisfecho, su la primera decisión ha sido desplazar de la comisión constitucional al letrado más veterano del Congreso, Fernández Fontecha, no fuera a ser que se empeñara en la inconstitucionalidad.
Nadie duda que la proposición va a ser aprobada en el Congreso porque Sánchez cuenta con los votos necesarios, ya que ha aceptado todo lo que proponía Puigdemont, degradando a su partido, a sus ministros y a sí mismo, que hasta las elecciones de julio proclamaban que una amnistía no cabía en nuestra Constitución.
Solo queda una salida que impida romper con la ley y la Constitución: la Justicia. No los fiscales, porque sus iniciativas, que las ha habido, han sido cercenadas por el Fiscal General. Pero los jueces son independientes, y es probable que la Sala del Tribunal Supremo, que condenó a los protagonistas de la causa independentista, presente recurso de inconstitucionalidad, que también presentará el PP.
En el TC, Juan Carlos Campo se mueve para no verse obligado a votar a favor, porque podría ser recusado por haber sido ministro de Justicia. Cándido Conde Pumpido está inquieto, porque si Campo toma esa decisión, también él podría ser recusado por sus anteriores cargos en la Fiscalía General, la Sala Segunda del Supremo y el Tribunal Constitucional. El presidente del TC se juega su prestigio en esta peripecia en la que Sánchez ha metido al gobierno, al PSOE y a todos sus leales. Sobre todo a aquellos a los que ha colocado al frente de las instituciones del Estado.
El debate de la amnistía es probablemente en más grave al que se ha enfrentado nunca el PSOE. Es una ley absolutamente viciada, porque obliga al PSOE a aceptar lo que consideraba inaceptable, y porque sus argumentos -como la mejora de la convivencia- no los cree nadie. Como tampoco tiene credibilidad la opinión de supuestos grandes juristas que esgrime el PSOE: el gobierno solo ha aceptado las de aquellos que defendían la constitucionalidad de la ley.
Las de los contrarios, han ido directamente a la papelera.