Un año después del incendio que arrasó dos discotecas en Murcia y costó la vida a 13 personas, los familiares de los fallecidos y los supervivientes siguen devastados y claman por mantener viva la memoria y por que se haga justicia.

«Nos quitaron a nuestros seres queridos, nada nos los va a devolver, pero sí esperamos que se haga justicia. Que los responsables salgan y paguen por ello; que asuman lo que se hizo mal, y que se tomen medidas para que una tragedia así no vuelva a ocurrir, que no se permita que un local que no cumple los mínimos requisitos siga abierto». Son las palabras con las que Kely Gómez, que perdió en el incendio a su hermano Kevin, resume su sentir, que es compartido por la mayoría de las víctimas del trágico incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros ocurrido a principios de octubre de 2023.

Para ella, sin embargo, es como si el siniestro «hubiera pasado ayer», pues en este tiempo no ha podido dejar de revivir el momento en el que voló desde su Colombia natal hasta Murcia para corroborar el fallecimiento de Kevin.

3.800 diligencias, una investigación judicial con 17 testigos y seis investigados

Ese pasaje de avión, asegura, es la única ayuda que ha recibido de las administraciones desde que ocurrió la desgracia y, desde entonces, siente que las víctimas están «luchando solas» en un procedimiento judicial cuya instrucción acaba de ser prorrogada medio año y que, aunque ha tenido avances (se han practicado unas 3.800 diligencias, tomado declaración a 17 testigos e interrogado a seis investigados), a los afectados se les está haciendo «demasiado lento».

La catástrofe costó la vida de 13 personas - Foto: Marcial Guillén (EFE)«Una siente ansiedad, tristeza, y también cierta decepción al ver que los responsables de las salas y la Administración tratan de eludir su responsabilidad. Eso es lo más doloroso cuando hay pruebas tan evidentes», lamenta.

Se refiere a las evidencias de los informes de Policía, Bomberos y peritos que apuntan con apenas ningún género de dudas a que el siniestro se originó por el uso negligente de una máquina de fuegos fríos, y que acabó con el trágico desenlace por una larga lista de incumplimientos de las medidas de seguridad de las salas, que estaban abiertas al público a pesar de que tenían una orden de cese de actividad dictada por el Ayuntamiento desde dos años antes del incendio.

Para Jairo Correa, esa falta de asunción de responsabilidades va más allá. «Para las familias es triste, es complicado, es ofensivo e inhumano, que quienes fueron culpables no hayan expresado siquiera una palabra de perdón, un arrepentimiento», señala.

Su hija, Leidy Paola, pareja de Kevin, envió a las 6,06 horas de aquel trágico domingo un desgarrador mensaje de audio dirigido a su madre para despedirse de ella.

«Es como haber muerto con ella, es una tristeza que no para», resume el padre, y explica que cuando escuchó el mensaje se prometió que «movería lo que fuera, que no abandonaría jamás esta tarea de que se haga justicia».

Más inspecciones hasta 18 cierres de locales de ocio en el último año 

A raíz de este incendio, en febrero de 2024, el ayuntamiento de Murcia actualizó sus protocolos de legalización de negocios, reforzó varios servicios municipales con seis nuevos ingenieros técnicos y  endureció las inspecciones: en lo que va de año, se han cerrado 18 locales por diversos incumplimientos, de los que cinco continúan cerrados.

«Sabemos que todos los procesos son lentos, pero un año después la herida todavía está en vivo», cuenta Ferney Lozano, que sobrevivió al suceso, pero perdió a su mujer, Olga Lucrecia Nieto, a la que todos conocían como Lula. Ambos trabajaban en el local, pero sin contrato ni alta en la Seguridad Social.

Lozano avisó al responsable del lugar cuando comenzó a ver el humo, ayudó a desalojar la sala con la linterna del móvil cuando se apagaron las luces de emergencia y no respondió a la llamada de su pareja, pensando que estaba a salvo.

Tanto la hija de Lula, de 17 años en el momento de la tragedia, como él mismo, siguen en tratamiento psicológico y echan en falta que no se haya ofrecido ninguna ayuda en ese plano a los afectados, ya que la mayoría siguen requiriendo tratamiento.

Es el caso de Valeria Ceballos, que además de atención psicológica y psiquiátrica ha tenido que recibir medicación para poder conciliar el sueño: ella fue la última persona que salió con vida de Fonda Milagros la noche del incendio.

«Todo fue bastante caótico, pasamos de estar riendo y bailando a salir corriendo, en la total oscuridad, sin ayuda, por nuestra cuenta. Después, como es lógico, toda la atención se centró en las familias de los fallecidos, pero en todo este año nadie nos ha contactado para darnos ningún apoyo. Creo que ni siquiera se enteraron de que existimos», lamenta.

Por eso, recibió con sorpresa la noticia del homenaje celebrado por el Ayuntamiento de Murcia el pasado 1 de octubre: «Está bien un reconocimiento, pero de qué sirve mientras se retrasa la situación de dar la cara», advierte.

Su amigo Efrain Montiel, que también sobrevivió al incendio, cree que sí ha habido un avance en materia de controles e inspecciones desde el incendio, aunque piensa que aún queda mucho por recorrer. Su mujer, que también estaba en Fonda la noche del incendio, y él siguen en tratamiento psicológico, no han vuelto a pisar una discoteca y las pocas veces que han salido a comer o cenar revisan el local, se sientan cerca de la puerta y tienen que hacer enormes esfuerzos por no revivir la tragedia.

No obstante, se siente afortunado: sabe que muchos de los afectados ni siquiera son capaces de hablar de lo que pasó, como corrobora el abogado Pedro López Graña, que representa a los familiares de otros dos de los fallecidos, John Altamirano y Tania Salazar, quienes, asegura, se sienten «devastados», no quieren hablar con los medios por el dolor que les produce revivir el incendio, y solo desean justicia, pero también, ayuda, pues sienten que han quedado «desamparados».

En ese sentido, la abogada Ainhoa Azpeitia, que representa a la familia de Orfilia Blandón, también fallecida en el siniestro, advierte de la situación de «total vulnerabilidad económica y social» en la que han quedado estos y otros familiares de víctimas, que dependían económicamente de ellos.

Un suceso, que, apenas un año después sigue dejando secuelas y que evidencia este sentir de «abandono de las administraciones», además de la falta de depuración de responsabilidades. Aunque también la «solidaridad y empatía» con quienes padecieron la tragedia.