Hace seis años, en marzo de 2018, un acuerdo unánime de las Cortes instó a la Junta a solicitar al Gobierno de entonces, presidido por el 'popular' Mariano Rajoy, el reconocimiento de Palestina como estado "libre e independiente". Aquella proposición no de ley del exprocurador José Sarrión, de Izquierda Unida, salió adelante con el apoyo de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos en una Comisión de Presidencia en la que reinó el consenso.

Hubo dudas desde las filas de Ciudadanos y matices desde las del PP, pero al final la iniciativa se aprobó prácticamente por asentimiento, con el voto favorable de todos los procuradores que conformaron la Comisión de la Presidencia de la IX Legislatura, la última del expresidente Juan Vicente Herrera y de un gobierno monocolor, en este caso del PP, en la Junta de Castilla y León.

El debate partió de otro acuerdo, el que anteriormente se había forjado en el Congreso de los Diputados (2014), con el objetivo, según expuso ese día el parlamentario José Sarrión, de solucionar "el problema Israel-Palestina", según refleja el Diario de Sesiones consultado por Ical. Para ello, defendió la necesidad de que España, como primer paso, reconociera el estado palestino y promoviera en la Unión Europea que otros países miembros también lo hicieran.

El proponente hizo un alegato de las fronteras pactadas el 4 de junio de 1967 y condenó el intento de Israel de ampliarlas, generando tensión en la zona, al tiempo que relató la situación de una niña, Ahed Tamini, arrestada entonces. "Esperemos que España tenga la valentía de realizar este reconocimiento, como han realizado ya otros países de la Unión Europea, como es el caso de Suecia, como se está impulsando en las Naciones Unidas", dijo en aquella tarde del 26 de marzo de 2018.

Otro exprocurador, el burgalés José Ignacio Delgado (Ciudadanos), apostó por dar una solución "de una vez por todas" a la conflicto israelí y palestino con "dos estados", bajo una negociación internacional, pero dudó sobre si debía ser en base a los límites pactados en 1967. Igualmente, Natalia del Barrio, entonces parlamentaria de Podemos, lamentó que Europa y España hubieran mirado "para otro lado" y defendió que el Gobierno de entonces diera "un paso más" para reconocer el estado de Palestina.

En la misma línea, desde las filas socialistas, la berciana Gloria Acevedo insistió en que era "estrictamente necesario" reconocer el estado palestino para dar una "oportunidad al diálogo". De hecho, consideró que era la "mejor contribución" para lograr la convivencia en paz entre los dos pueblos y reiteró que no era una decisión que fuera "contra nada, ni contra nadie".

En nombre del Grupo Popular, el mayoritario de la cámara, tomó la palabra la zamorana Manuela Crespo, que había sustituido meses antes a la exvicepresidenta Rosa Valdeón. La procuradora explicó que el Gobierno de Rajoy trabajaba para lograr "avances" en la creación del estado "soberano" de Palestina, desde su compromiso con la fórmula de los "dos estados". Sin embargo, advirtió de que era necesaria la negociación y un acuerdo de paz entre las dos partes en conflicto para que fuera efectivo, más allá de lo simbólico.

"Esperemos que este consenso pueda seguir imperando en este y en otras cuestiones de política internacional, porque al final quien más lo podrá agradecer serán los pueblos", dijo para cerrar el debate de la PNL Sarrión, que un año después no obtuvo representación y dejó la primera línea de la política autonómica. Ninguno de aquellos parlamentarios, ni siquiera la presidenta de la Comisión, la 'popular' Ana Rosa Sopeña, continúan en las actuales Cortes de Castilla y León.

Del consenso al desacuerdo

En mayo de 2024, seis años después, el Consejo de Ministros aprueba el reconocimiento de Palestina como Estado, junto a Noruega e Irlanda, y en medio de un conflicto armado, que comenzó como respuesta a los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 en Israel, con más de un millar. Aquellos hechos dieron lugar a la respuesta bélica de Israel sobre Gaza, que todavía continúa, pese a los llamamientos en favor de un alto el fuego y la paz.

El acuerdo de aquellas Cortes de la IX Legislatura, sin embargo, no ha tenido correlación en la actual. Hubo un intento de adoptar una declaración institucional en apoyo al pueblo israelí tras el ataque de Hamás, pero el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, se opuso porque consideró que olvidaba a las víctimas palestinas. El texto sí recogía las aspiraciones legítimas del pueblo palestino y apoyaba medidas de justicia y libertad para israelíes y palestinos por igual, dejando claro que Hamás no representaba esas aspiraciones.