CCOO denunció ayer que las personas desempleadas de Castilla y León se han quedado sin las ayudas económicas del Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), ya que el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, no ha convocado estas líneas, «ni hay plazo para ello», según explicó el sindicato. El pasado año, este programa destinó una partida de 5,5 millones y desde la organización sindical calculan que desde 2009 hasta el pasado 2022 ha tenido cerca de 30.000 beneficiarios directos con un desembolso aproximado de 92 millones de euros. Mediante un comunicado recogido por la Agencia Ical, Comisiones Obreras señaló que el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE) se ha ofrecido a las personas trabajadoras en situación de desempleo que agotaron todas sus prestaciones. Éstas percibían una ayuda económica equivalente al 80 por ciento del IPREM (480 euros), con una duración de seis meses. Sin embargo, la última convocatoria de 2022, con Mariano Veganzones ya al frente de la Consejería, se mantuvo, porque «venía aprobada desde la legislatura anterior y no podía eliminarla».

«Mientras que desde la más absoluta indecencia Veganzones asegura que una de las labores de la administración es motivar a esas personas que están en el sofá de su casa esperando un subsidio para que busquen un trabajo; desde la ideología ultraconservadora, el consejero destruye la política de empleo consolidada en Castilla y León desde hace 15 años», señaló el sindicato en su nota, en la que añade: «Ha dejado a los desempleados que durante este 2023 agotaron sus prestaciones sin una ayuda de la Junta de Castilla y León de 480 euros durante seis meses».

Programas eliminados

El PIE es, según apunta CCOO, uno de los 26 programas de políticas públicas laborales eliminados por el consejero de Industria. Por ello, la secretaria de Empleo de CCOO Castilla y León, Nieves Granados, lamentó que un consejero trate «con ese desprecio a las personas que se encuentran en paro». Además, consideró que las palabras de Veganzones son intolerables, «porque son vejatorias, son un insulto a la gente trabajadora. Lo que ha dicho es una barbaridad». Finalmente, la dirigente sindical consideró que dichas declaraciones deberían ser objeto de una «dimisión inmediata» que no obstante reconocieron no se va a producir, porque el consejero «no respeta ni a los trabajadores ni a sus representantes en el ámbito sindical». De hecho, apostilló que el presidente de la Junta de Castilla y León «debería haberle destituido de manera fulminante».