La abogada y activista feminista Nuria González López presentó en Ávila  'Vientres de alquiler. La mala gente', una publicación del 2021 sobre la gestación subrogada que llegó a Ávila de la mano de la asociación Cámbium. Con este encuentro se buscaba arrojar luz sobre un asunto de actualidad que «provoca debates profundos o posicionamientos simples, en la mayoría de los casos por desconocimiento de una realidad que está más presente de lo que en ocasiones se considera».

La propia autora aseguró que entre las personas que se encuentra que están a a favor de está práctica están las que «se aprovechan de un negocio ultramillonario, que según los últimos datos mueve unos 35.000 millones de euros al año, y las que desconocen la realidad que hay detrás», no en vano «cuando se lo explicas la gente entiende que los niños ni se compran ni se venden ni se regalan, es bastante básico». Estos encuentros divulgativos permiten «resolver dudas, porque desde el buenismo de nuestra posición de privilegio hay quien piensa que pobre gente, pero lo que hay detrás es violencia contra mujeres en situación de vulnerabilidad, que si no estuvieran ahí no lo harían, y una compraventa de los niños, como si fueran mascotas».

Nuria González abordó la situación en España, en Europa y en el mundo y «cómo se intenta normalizar», aunque «todas las leyes lo tratan como lo que es, tráfico de seres humanos». Y es que, recordó, esta práctica en España «está prohibida, lo dicen el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Reproducción Asistida y el Tribunal Supremo, pero existe una instrucción de 5 de octubre de 2010 que actúa como una especie de coladero, en fraude de ley, para que la gente que va al extranjero a firmar un contrato de vientre de alquiler pueda inscribir a esos niños en las embajadas españolas como hijos propios». Esto «permite que haya, según ellos, unos 4.700 niños en España que han entrado por este sistema, que en realidad no son muchos, no llegan ni al 1% de todos los que han nacido en España desde el 2010,  por mucho que se diga que es un reclamo social», apunta, para insistir en que «lo fundamental de esta práctica es que viola los derechos humanos más fundamentales de las mujeres y de los niños».

La desesperación de las familias por tener hijos es otro de los argumentos esgrimidos para defender esta práctica, pero la autora lo niega. «Por desesperación no, por la comodidad en cualquier caso y por querer saltarse la ley», dijo, al defender que «la desesperación también se da en las familias que están intentando adoptar desde hace un montón de tiempo» y que muchos «no acuden a los vientres de alquiler como última opción, sino como la primera».

La situación de España no es única. «El Consejo Europeo «lo trata como una forma de violencia, aunque hay países como el nuestro con legislaciones que tienen ciertas puertas de atrás que permiten que se haga en el extranjero lo que no se puede hacer en el territorio nacional», lamenta, para añadir que «mercado hay en todo el mundo», aunque ahora, y tras la guerra de Ucrania, que era «el útero del mundo», el epicentro «está siendo Latinoamérica», mientras que «el resto son países del tercer mundo o donde prime el mercado, como Estados Unidos, donde vas con dinero por delante y ya está».