La Audiencia Provincial de Ávila ha sido escenario esta mañana de un juicio por un presunto delito de abuso sexual a menores de 16 años. La vista oral, muy intensa y larga (la sesión se prolongó durante cerca de cinco horas), quedó vista para sentencia tras la declaración de la víctima (lo hizo por videoconferencia desde una sala anexa en el propio edificio), la madre, su hermano, una psicóloga (en calidad de testigo), el equipo pericial de psicólogos y el propio acusado, que se confesó inocente y negó todas las circunstancias que se le imputan. Este hombre, cuyas iniciales son. J.A.G.A., podría enfrentarse a una pena de hasta 15 años de cárcel, según lo expuesto por parte de la acusación particular.
Los hechos juzgados se remontan al inicio de la pandemia del Covid, en concreto a marzo del 2020. En aquella época, el imputado estaba casado con E.S.C., con quien convivía en un piso de la ciudad de Ávila junto a los dos hijos de esta (ambos menores), nacidos de una relación anterior. Pocos días después de declararse el Estado de Alarma, en una fecha no precisa (podría tratarse del 21 de marzo de ese mismo mes), fue cuando, presuntamente, habrían sucedido los hechos. El procesado, que ejercía sus funciones como padre de los menores, supuestamente habría intentado abusar de la chica, que en aquel momento tenía once años de edad. Al parecer, el hombre abría entrado en el dormitorio de la joven (esta estaba ya acostada) y se habría recostado en la cama con la intención de agredirla sexualmente (la víctima asegura en su declaración que su padrastro llegó a introducirle los dedos en la vagina). Aunque el procesado trató de sujetarla y, presuntamente, de amenazarla para que no chillara ni contara nada, la menor logró zafarse de su presunto agresor y consiguió propinarle un codazo en el pómulo derecho de la cara (el hombre niega el golpe y la cicatriz que le dejó). Posteriormente, ante la inminente llegada de su pareja y madre de la víctima (se encontraba trabajando fuera de casa), abandonó la habitación. Al día siguiente, el hombre habría vuelto a amenazar a la chica, asegurándola que, en caso de contar algo de lo ocurrido, lo pagaría con su madre y su hermano mayor, lo que atemorizó a la niña y evitó que denunciara la agresión mucho antes. Como consecuencia de esta circunstancia, la joven continúa recibiendo tratamiento psicológico y psiquiátricon en la actualidad, con algunos episodios autolíticos.
Tanto para el Ministerio Fiscal como para la acusación particular, los hechos juzgados son constitutivos de un delito de agresiones sexuales a menores de 16 años, según se recoge en los artículos 183 y 192 del Código Penal, vigente en marzo de 2020. La Fiscalía solicitaba una condena hacia el procesado de 14 años de prisión, la accesoria inhabilitación absoluta, una orden de alejamiento de 500 metros de la menor (de 16 años en la actualidad), su domicilio o el lugar donde se encuentre y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante los cinco años siguientes al cumplimiento de la pena de cárcel. A su vez, solicitaba una indemnización para la víctima, en la persona de su representante legal (su madre), de 15.000 euros por los perjuicios morales y psicológicos causados por aquel trance.
La acusación particular, en su caso, reclamaba para J.A.G.A. una pena de prisión de 15 años y una indemnización de 20.000 euros para la víctima como responsabilidad civil, además de la inhabilitación absoluta, la orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la menor. La defensa, por su parte, mostró su total disconformidad con la acusación, y pidió la absolución íntegra del acusado junto a la eliminación de la condena en costas, ya que este era beneficiario del derecho a la justicia gratuita (contaba con un abogado de oficio).
Durante el desarrollo de la vista oral hubo varias situaciones de tensión entre el presidente de la sala y la abogada defensora (esta trató de desviar la sesión hacia un enjuiciamiento sobre el papel de la madre de la víctima, lo que el juez no consideró pertinente). Además, la letrada puso mucho énfasis en los antecedentes de la familia con el objetivo de demostrar que la denuncia de la joven hacia su padrastro tenía un componente de venganza por la pérdida de nivel económico del núcleo familiar. También salió a colación la denuncia por violencia de género que E.S.C. puso contra J.A.G.A. en la misma época de los hechos juzgados y que, poco después, retiró por miedo a represalias contra sus hijos o, incluso sus padres. Una nefasta situación que se puso de manifiesto durante el juicio y que motivó la ruptura del matrimonio poco después.
Tras la comparecencia de todos los intervinientes, el análisis de las pruebas periciales y la lectura de los informes, este caso por una presunta agresión sexual quedó visto para sentencia. En las próximas fechas el tribunal emitirá su decisión sobre un juicio complejo y que mantiene aún muchas heridas abiertas.