Hace apenas un mes, la Audiencia Nacional ratificó una sentencia que establecía que, entre los años 2000 y 2013, 7.000 ganaderos (5.250 de ellos son castellanoleoneses) estuvieron afectados por un cártel de la leche por parte de industrias lácteas que pactaron precios por debajo de los costes de producción. Una decisión que permitirá a los implicados reclamar todos los perjuicios que sufrieron por la trama. Ante esta situación, la Escuela de Capacitación Agraria de Ávila ha acogido esta mañana una reunión informativa, organizada por UCCL, para que los ganaderos conocieran el estado actual del cártel por parte del bufete de abogados madrileño Eskariam, que lidera sus reclamaciones, que se deben hacer de una en una.
«Tenemos mucha satisfacción, porque vemos que, ahora más que nunca, los ganaderos pueden reclamar ese dinero. Y estamos seguros que lo van a conseguir y vamos a ganar esta sentencia», ha declarado Jesús Manuel González Palacín, coordinador general de la Unión General de Campesinos de Castilla y León (UCCL). En el 2019, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) inició una investigación contra ocho empresas lácteas por constituir un cártel que intercambiaba información, a nivel regional y nacional, sobre precios de leche de vaca cruda, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche. Unas «sentencias muy contundentes» que han sido confirmadas por la Audiencia Nacional. «Los ganaderos ahora tienen la oportunidad de reclamar aquello que dejó de percibir durante tantos años, además de los intereses», ha afirmado Juan Álvarez, responsable de negocios de Eskariam. Se tratan de cantidades muy importantes. El grupo de clientes ganaderos reclaman indenmizaciones por valor de cerca de 1.000 millones de euros en toda España. En el caso de Castilla y León, una de las principales autonomías generadoras de este alimento, las reclamaciones de los productores ascienden hasta los 600 millones.
Aunque la fecha límite para interrumpir la preinscripción de las quejas era julio de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) amplió, en junio de 2022, el plazo para que los afectados por situaciones similares al cártel de la leche pudieran reclamar sus beneficios perdidos. En el caso que ocupa, los ganaderos que lo deseen tienen hasta el mes de septiembre para unirse al colectivo que se ha unido a los abogados de Eskariam para solicitar sus indemnizaciones.
«Seguimos reivindicando cambios en la cadena alimentaria. Creemos que no sirve con denunciar a las industrias y, después, poder reclamar. Lo que queremos es que no se llegue a esas circunstancias», ha avisado el coordinador de UCCL. Para ello, el sindicato ha presentado unas enmiendas al proyecto de Ley de Desperdicio Alimentario (que está tramitando en la actualidad el Gobierno estatal) para «conseguir que se publiquen los costes de producción para que, por debajo de ese precio, no se firmen contratos». Junto a esta iniciativa, está la idea de incluir en la norma la definición de 'posición de dominio'. «Sabemos que una gran distribuidora de España maneja el 40% de la distribución alimentaria. Esa es una posición de dominio muy clara», ha denunciado González Palacín, quien asegura que están utilizando todas las herramientas que tienen a su alcance para defender sus derechos e intereses.
Sin embargo, la organización agraria denuncia otro cártel de la leche. «Hay una denuncia de la Unión de Uniones por un cártel de la leche entre distribuidoras: una española, otra alemana y otra catalana. Tenemos pruebas de que pactaron precios durante unos meses», ha afirmado David Alonso, responsable del vacuno de leche de UCCL-Castilla y León y de la Unión de Uniones. Esa denuncia ha llegado hasta la CNMC, donde permanece parada («no sabemos qué ha pasado con ella») mientras el cártel continúa funcionando.
En cuanto a la situación actual del sector lácteo, ha descendido la leche al ganadero desde los 60 céntimos en 2023 a los 48 céntimos de ahora. Ese descenso también se nota en los lineales de venta a los clientes, pero se quejan de que las distribuidoras se han quedado con las ayudas del IVA que el estado puso para favorecer a los consumidores. «Esto no solo lo hacemos por los ganaderos, sino también por los consumidores, para que compren un producto natural y bueno sin que repercuta en el precio de venta», ha argumentado Alonso.
UCCL comenzó ayer una serie de charlas por distintos lugares de Castilla y León para informar a los ganaderos sobre la situación del cártel y que estos se unan a un colectivo gracias al cual, van a recuperar todo el dinero que no ganaron durante años por culpa de esta trama.