Con los votos en contra de Partido Popular y Vox, el pleno de las Cortes de Castilla y León rechazó hoy la tramitación de la proposición de ley de bomberos y bomberas forestales presentada por el Grupo Socialista y que pretendía, según argumentó el procurador socialista José Luis Vázquez, acabar con el modelo de prevención y extinción de incendios de la Junta basado en el "esclavismo" de los agentes.
Mientras Vázquez consideró fundamental regular los derechos laborales, la organización y la dotación de medios de los más de 4.000 trabajadores que integran el operativo en la Comunidad, el procurador popular Alberto Castro calificó la proposición socialista de "brindis al sol", de "faltar a la verdad" y de no "aportar nada".
Vázquez lamentó el abandono del PP en esta materia y defendió un modelo público que suponga un acicate para fijar población en el medio rural y para defender un valor identitario de Castilla y León como es el patrimonio natural. Además, argumentó que su propuesta ha sido consensuada con sindicatos y asociaciones y recalcó que "estamos obligados a cuidar a quien nos cuida".
El procurador socialista, que acusó a la Junta de incumplir la ley y manipular a la opinión pública, también defendió la ley como una cuestión de justicia social ante el "maltrato" sistemático que sufren los bomberos forestales y advirtió que cada año es necesario renovar un 25 por ciento de la plantilla ante la marcha de muchos trabajadores a otras comunidades.
Mientras tanto, Alberto Castro también criticó el uso "torticero" que el PSOE ha realizado de los grandes incendios registrados en la Comunidad para lograr un rédito electoral, "estrategia que no le ha funcionado", y recalcó que la Junta apuesta por un modelo público, en el que solo el 28 por ciento de los trabajadores pertenecen a empresas privadas, y que en los últimos diez años ha sido capaz de apagar más de 14.000 incendios.
A su vez, pidió al representante del PSOE que reconozca la mejora que el operativo ha experimentado en los últimos años y señaló que se ha pasado de una inversión de 50 millones de euros en 2015, a los 149 millones de este año. Además, Castro también se refirió al acuerdo alcanzado dentro del Diálogo Social y que supone mejora de medios, formación y salarios.
Desde Vox, Ignacio Sicilia rechazó la tramitación por ser una propuesta con mucha carga ideológica y de género, a la vez que reconoció la mejora que ha experimentado el operativo en los últimos años. Además, pidió que se legisle sobre una profesión y no sobre un grupo de funcionarios, y lamentó los efectos negativos que la aplicación de la Agenda 2030 ha tenido para los montes de la Comunidad, con la pérdida de explotaciones ganaderas de extensivo y la ineficaz explotación de los recursos forestales. "Las imposiciones ideológicas climáticas acaban echando a la gente del monte" sentenció.
"Imprudencia temeraria"
Por su parte, desde UPL-Soria Ya, Ángel Ceña, lamentó que la Junta no se tome en serio sus competencias en materia de protección del medio ambiente y la acusó de "imprudencia temeraria" después no reaccionar ante los grandes incendios del año 2022. En este sentido, advirtió que con su improvisación "pone en peligro" el patrimonio natural de la Comunidad y criticó medidas como la instalación de cámara de vigilancia.
Desde el Grupo Mixto, Pedro Pascual (Por Ávila) reclamó para el dispositivo estabilidad laboral, seguridad jurídica y formación, mientras que Francisco Igea recordó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tuvo que entrar "por la puerta de atrás" en el funeral del agente medioambiental fallecido en el incendio de Zamora de 2022, "lo que demuestra que algo no se está haciendo bien". Por último, Pablo Fernández (Unidas Podemos) criticó que se trate de un modelo "precarizado" y reclamó salarios y derechos dignos para unos trabajadores que se juegan la vida protegiendo a los demás".
La proposición de ley decae al desestimarse su toma en consideración, paso previo para que siguiera adelante en su tramitación en las Cortes.