La Diputación de Ávila insta al Gobierno a permitir la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario, a suspender el incremento de la tasa por tonelada no reciclable que llegue a los vertederos en tanto no mejore la coyuntura económica y a ampliar el plazo, de uno a tres años, para la elaboración del censo de instalaciones y emplazamiento con amianto. Estas son los tres puntos de la moción conjunta que llevaron al Pleno ordinario de noviembre los grupos del PP, Cs y Por Ávila y los siete diputados del grupo no adscrito y que quedó aprobada, al recibir solo el voto en contra de los dos diputados que quedan en el PSOE. También quedó aprobada por mayoría, y de nuevo con el voto en contra del PSOE, la solicitud al Gobierno de España de la no revisión del delito de sedición, mientras que la tercera propuesta en llegar al Pleno, presentada por el grupo socialista y que pedía mejoras para un servicio de «atención integral» a los ayuntamientos de la provincia, fue rechaza por escaso margen, 13 diputados a 12, al contar con el 'sí' de PSOE, Por Ávila y los diputados no adscritos y el 'no' de PP y Ciudadanos.

En la moción sobre la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular los 23 diputados firmantes quisieron dejar constancia de su «compromiso insoslayable para seguir fomentando el reciclaje con la dotación de más contenedores en todos los núcleos de población y extendiendo las recomendaciones para una correcta práctica entre los vecinos de la provincia», al considerar que «reducir las toneladas no reciclables será una forma eficaz de neutralizar la subida impositiva, evitando así el castigo a los contribuyentes en plena crisis económica y energética». Con todo, y dejando claro la «sensibilidad creciente» sobre  el reciclaje, explicaron que la nueva ley expone situaciones con las que discrepan, en especial la prohibición de quemas de residuos vegetales y pese a las excepciones que se contemplan, dada su importancia para «evitar la propagación de plagas y prevenir los incendios». El portavoz del PP, Juan Carlos Sánchez Mesón, reprochó que se hubiera aprobado la ley «sin contar con el medio agrícola», mientras que el portavoz de Cs preguntó al PSOE «qué solución da a los residuos vegetales», el diputado no adscrito Alberto Encinar habló de una «cuestión de lógica», el portavoz de Por Ávila defendió que «no necesitamos que nos suban impuestos y nos pongan trabas» y el diputado no adscrito Pedro Muñoz, que aludió al «fracaso» de haber intentado en vano una declaración institucional por el rechazo del PSOE, defendió los tres puntos de la moción y pidió «seguridad y certeza» para los ayuntamientos a la hora de dar las autorizaciones para las «excepciones» en que sí se permitan las quemas de residuos vegetales. 

La portavoz del PSOE, María de los Ángeles García Salcedo, enmarcó la ley en el cumplimiento de la normativa europea, pidió a la Diputación que «asuma los costes» como proveedora del servicio» y aludió a la «mayor flexibilidad» a la quema de residuos que se ha dado con la modificación introducida en el Senado vía PAC, unas explicaciones que no convencieron al resto de grupos, que pusieron en valor los «avances» en materia de reciclaje y remarcaron que el coste de los residuos «tienen que recaer en los usuarios».

Amavida, en «emergencia»

No fue el único debate que enfrentó al PSOE con el equipo de gobierno de la Diputación, aunque en este caso los socialistas encontraron el respaldo de Por Ávila y los diputados no adscritos. Su moción sobre el servicio a los ayuntamientos se quedó en el tintero porque el PP y Cs consideraron que parte de la responsabilidad es del Gobierno, por la dotación de habilitados nacionales, y que «se está trabajando en serio para dotar del mayor personal posible al equipo técnico» de la institución, con la reciente incorporación de varios profesionales, de ahí que no se aceptaran los dos puntos propuestos, garantizar a los ayuntamientos la asistencia técnica para su normal funcionamiento, especialmente en el caso de los secretarios-interventores cuya provisión debía quedar asegurada ente los casos de baja médica, asumiendo esos gastos, y reforzar con más personal el equipo técnico, especialmente el departamento de asesoramiento a municipios, para acortar los plazos de resolución de las cuestiones urgentes.

El PSOE trasladó que la Diputación tiene que ser «el paraguas» de todos los municipios especialmente ante la «falta de recursos», poniendo especial relieve en la situación que se está dando con los secretarios que realizan funciones de intervención, algunos de los cuales, los más antiguos, se rigen por el Munpal y sus bajas laborales tienen que ser asumidas por los municipios, un «bache insalvable» para los mismos. Es el caso de Amavida. Su alcalde, Jesús Pérez, presente el Pleno, explicó después que lleva tres años con el secretario de baja y «pagando a dos funcionarios», lo que supone «casi 4.000 euros al mes para un pueblo de 130 habitantes», algo «insostenible» que ha provocado que «no tengamos fondos» y que no puedan afrontar pagos, con el riesgo de «denuncia». «Estamos en emergencia y pedimos ayuda a la Diputación».

El diputado Alberto Encinar, secretario de profesión, aludió a los problemas de falta de personal pero también destacó los «avances» dados por las administraciones, aunque «insuficientes», mientras que Pedro Muñoz se mostró de acuerdo con el contenido, aunque «no con la parte expositiva ni con la exposición» de la diputada socialista.