Alejandro Picós, exalcalde Hoyocasero, y su hijo Iván Picós, actual alcalde de la localidad, vuelven a sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Ávila acusados de sendos delitos contra la ordenación del territorio por la construcción realizada por el segundo en una finca de su propiedad, amparado por una licencia de obra menor para reformar una caseta de aperos concedida en 2017, cuando su progenitor estaba al frente del Consistorio. Se trata de la repetición del juicio llevado a cabo en el mes de noviembre de 2022 (cuando Iván Picós no era alcalde) y que se saldó con una sentencia absolutoria para ambos que, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) anuló, ordenando la práctica de un nuevo juicio ante un tribunal diferente al de la primera instancia. 

Así se llegó a este segundo juicio que arrancó este miércoles con las declaraciones de los dos acusados y de cinco testigos, después de desestimarse hasta cinco cuestiones previas planteadas por las defensas y que continuará este jueves.

Iván Picós se enfrenta a una pena de 18 meses de prisión, según la petición coincidente del Ministerio Fiscal y la acusación popular (el demandante es un ex concejal de Hoyocasero), si bien el fiscal reclama 18 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y la inhabilitación para cualquier oficio relacionado con la construcción de inmuebles durante dos años y seis meses y la acusación, 24 meses de multa a razón de 200 euros al día y la inhabilitación para la profesión por 4 años. En concepto de responsabilidad civil también se pide la demolición de todo lo construido que exceda de la licencia concedida por el Ayuntamiento en su día. Su defensa, por su parte, pide su absolución al sostener que nunca ejecutó obras contrarias a la legalidad urbanística vigente, al tener licencia de obra de inicio y luego una posterior legalización de la obra.

En su declaración Iván Picós mantuvo esta tesis al asegurar que nunca quiso hacerse una vivienda, sino una reforma y ampliación de la caseta de aperos existente cuando compró la finca, y que siguió las instrucciones que le fue dando el arquitecto municipal, con quien consultó, dijo, antes de empezar la obra. Así, afirmó que siempre se creyó amparado por la licencia de obra menor que pidió a través de una declaración responsable, pese a que se trataba de una nueva construcción diferente a la antigua, algo que le aconsejó el arquitecto porque estaba «deteriorada y había piedra». Sobre su vinculación a una explotación agraria explicó que tiene animales –ovejas y burros– porque «me gusta», aunque reconoció no desarrollar hasta el momento ninguna actividad comercial de ese tipo (se dedica a la construcción). También dijo que no sabía que tipo de calificación tenía la parcela cuando la adquirió y que si hizo la construcción (que usa para «guardar trastos»)con azulejos, porche y chimenea fue «para dejarla lo mejor posible». Además desvinculó en su padre de todo lo referente a la obra, pese a que fue él quien le firmó la solicitud, y sobre la posterior legalización explicó que hizo las modificaciones que «me dijeron» en «dos horas».  

La acusación particular también formuló escrito de acusación contra Alejandro Picós , con la petición de 3 años de prisión, además de 18 meses de multa a razón de seis euros al día y la inhabilitación especial para empleo o cargo público y el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 12 años. Su defensa pide su absolución al negar las acusaciones que le atribuyen un amplio conocimiento de que su hijo estuviera ejecutando en una parcela de suelo rústico o urbanizable una vivienda sin tener permiso para ello, y que pese a esto no ordenó la realización de las inspecciones correspondientes.

Alejandro Picós declaró que no sabía qué tipo de obra quería hacer su hijo en la finca, aunque reconoció haber firmado en su nombre la declaración responsable para la obra menor «para que no perdiera el día de trabajo». Contó que tras la denuncia que llegó al Ayuntamiento sobre la posible ilegalidad de la obra «comprobamos que tenía licencia y lo llevamos al Pleno», si bien no se abstuvo en la votación «porque la secretaria no me advirtió». También declaró que en todo momento creyó que «estaba todo correcto», aunque aseguró que no tiene «ni idea de los permisos que hay que pedir», y dejó claro que a su juicio la construcción objeto del juicio «se parece a una caseta y no es una vivienda, las hay mejores», dijo.

En eso discreparon los guardias civiles del Seprona que acudieron a realizar la inspección. Uno de ellos aseguró que la edificación «tenía más pinta de vivienda que de corral», pese a la existencia de gallinas que, dijo, «no llevarían allí ni 24 horas porque eso estaba muy limpio». También vio azulejos y tomas de agua y luz tapadas «por yeso reciente», lo que le hizo pensar que «para cuatro gallinas era un poco lujo». 

También declaró como testigo Javier González, que como concejal en el momento de los hechos confirmó que se comprobó el expediente tras la denuncia, y como alcalde que firmó el decreto de legalización de la caseta aseguró que siguió el criterio del arquitecto. Así, se mostró convencido de que la obra se trataba de la ampliación de una caseta de aperos y, tras ser llamado la atención por el presidente de la Sala por sus evasivas, reconoció que era una construcción «separada» de la caseta antigua. 

Cerró la sesión Pilar Sánchez, secretaria-interventora del Ayuntamiento, quien ratificó que Iván Picós acudió «en varias ocasiones a informarse antes de la obra» y que «siguió las directrices» que le dio el arquitecto municipal. Apuntó que la comprobación realizada tras la denuncia consistió en ver que estaban los permisos, aunque dijo no recordar si el arquitecto había ido a la finca, y explicó que en Hoyocasero no hay una normativa que regule cómo tienen que ser las casetas, más allá de que pueden construirse «en suelo urbanizable» y vinculadas a una explotación, y aquí «hay licencia para corral doméstico». «He visto en municipios colindantes viviendas con licencia de caseta superiores a ésta», indicó, para subrayar que ella «confía en el arquitecto» y que en este caso «entendimos que estaba todo correcto». Sobre el hecho de que no realizara un informe jurídico dijo que no lo consideró necesario y que entonces «no sabía que lo tenía que hacer».