La primera gran votación de la legislatura está en el aire. La debilidad del Gobierno de coalición se hace patente en el examen inicial al Ejecutivo y en juego hay más de 10.000 millones de euros que la Unión Europea podría dejar de entregar a España, el cuarto paquete de ayudas, si Sánchez no consigue que sus socios den el visto bueno al decreto ómnibus. Junts ya ha avisado que no tiene intención de dar su apoyo y ha puesto sobre la mesa una serie de contrapartidas, entre las que destaca multar a aquellas empresas que se marcharon de Cataluña en 2017 a través de una reforma de la Ley de Sociedades de Capital, un chantaje en toda regla que marca la 'hoja de ruta' de lo que va a ser la legislatura y que empuja al PSOE y a Sumar a un callejón sin salida, cuya única vía de escape es ceder, como defienden algunos diputados y altos cargos socialistas, para que el Gobierno no zozobre a las primeras de cambio.

La situación límite ha provocado que Bolaños y Díaz llamen incluso a Feijóo, con el objetivo de que sea el PP el que apoye sus reales decretos e incluso puso sobre la mesa la posibilidad de que se tramiten como proyectos de ley para poder introducir enmiendas. El PP tiene claro que no va a arreglar los graves problemas internos de un Gobierno cogido con alfileres, pero ayer se abrió a la posibilidad de respaldarlo siempre que el Ejecutivo se comprometa a aprobar otro decreto la próxima semana que incluye una bajada del IRPF de las rentas medias y bajas, la reducción del IVA de la carne, el pescado y las conservas, así como mantener el IVA de la luz y el gas en el 5 por ciento.

La propuesta que lanza Génova es más que razonable para una coalición que se autoproclama progresista, un salvavidas que permitiría a Sánchez no ahogarse y sacar adelante el decreto anticrisis, pero parece poco probable que el PSOE y Sumar acaben cediendo a las exigencias de un partido al que han estado ninguneando desde el pasado 23 de julio, aunque, quizás, como sostuvo el presidente para justificar la ley de amnistía, hay que hacer una vez más de la necesidad virtud. Lo que se constata con esta situación, salve o no el Gobierno el examen de hoy ya sea cediendo ante las exigencias de Junts o a las peticiones del PP, es que el Ejecutivo sufre una fragilidad inquietante y que los secesionistas, al menos Puigdemont y sus acólitos, no van a parar de reclamar dádivas, por muy surrealistas que sean, para garantizar su respaldo en la legislatura, dejando claro que la ley de amnistía no es suficiente.