La novedad que anunció Pedro Sánchez en el Congreso Federal, la creación de una empresa pública de vivienda, no construye consensos. A la vista de la riada de reacciones en contra, la conclusión es evidente: la argamasa de su propuesta sólo ha servido como mortero para unir en el rechazo a la oposición y a buena parte de sus aliados.
Mientras Pedro Sánchez posaba ayer feliz en Ferraz con su nueva y ampliada Ejecutiva, a su alrededor se iba levantando un muro de objeciones. El PP no dudó en calificarla de «bomba de humo» de un Sánchez «en apuros», Vox la definió como «otra pirueta» del presidente «para tapar su corrupción», Podemos la consideró «ineficaz» y aseguró que no se cree que Moncloa «vaya a llevarla a la práctica» y constructores y promotores expresaron abiertamente sus recelos al tiempo que afearon su inconcreción y reclamaron que se precise el presupuesto con que va a contar.
Pueden parecer bastantes pero hubo más. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda de Madrid, empleó las redes sociales para plantear un juego con una pregunta. «¿Para qué servirá la empresa pública de vivienda anunciada por Sánchez?», se interrogó al tiempo que ofrecía tres posibles respuestas:
a) Un chiringuito para colocar a sus amigos.
b) Un instrumento más al servicio del sanchismo para perseguir a las comunidades que no tragamos con su Ley de Vivienda.
c) Ambas opciones son correctas.
Y remató su ironía con un recordatorio al jefe del Ejecutivo y a su equipo: «Les guste o no, las competencias en materia de vivienda son autonómicas».
Junts, aliado socialista, fue tajante al afirmar que no cuenten con ellos. «En Cataluña no la necesitamos», sentenció el secretario general, Jordi Turull.
Sí tuvo un poco de árnica el presidente del Gobierno desde las filas de Sumar, aunque bien es cierto que con tantos matices que más pareció finalmente un reproche que un pequeño balón de oxígeno. La vicepresidenta segunda y líder de esta formación, Yolanda Díaz, celebró el anuncio aunque advirtió que la creación de esa empresa pública no servirá para hacer bajar los precios de los alquileres. Un objetivo que definió que es «urgente» y que reconoció que el Ejecutivo no ha sido capaz de lograr.
Desde las propias filas de Sumar salieron mensajes menos complacientes. La secretaria de Organización, Lara Hernández, retó al PSOE a demostrar que el anuncio no quedará en palabras y le instó a probar va en serio con su promesa, desplegándola ya en los próximos Presupuestos Generales.
En una nota, la Confederación Nacional de la Construcción afirmó que una gran empresa pública no resolverá los problemas de vivienda que arrastra España, que se deben sobre todo a la escasez de oferta y la inseguridad jurídica en el sector.
Defendieron que España tiene a las mejores empresas del mundo para solucionar los problemas de vivienda, por lo que «no necesitamos» una empresa pública, sino acabar con la inseguridad jurídica para aumentar la oferta, agilizar los trámites, optimizar esfuerzos, acortar los plazos de actuación y trabajar de una manera unida y coordinada, «alejada del ruido político».
Ante este vendaval, la encargada de salir a defender la iniciativa socialista fue la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que aseguró que la nueva empresa pública servirá para «combatir» a aquellas comunidades que no cumplen con la Ley de Vivienda, poniendo el foco en la de Madrid y afirmó que el Gobierno pondrá «todos los recursos del Estado» para activarla cuanto antes.