El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, presentó en la tarde de este lunes ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico la fiscalización del nivel de prestación y asistencia de la Diputación de Ávila a los pequeños municipios en los ejercicios 2019 a 2022. Un trabajo programado para las 9 diputaciones de la Comunidad y el Consejo Comarcal de El Bierzo con el objetivo de analizar si dicha asistencia está alineada con lo establecido por la normativa de régimen local.

Este informe es el primero de los diez previstos, estando el resto en distintas fases de realización. Ylos resultados de la fiscalización se recogen en 69 conclusiones sobre la estructura organizativa de la provincia, personal de la corporación provincial, análisis presupuestario, funciones de coordinación de los servicios públicos municipales, prestación de servicios y ejercicio de actividades en los municipios de la provincia, análisis de los costes efectivos de estos y el ejercicio de otras competencias por la diputación con incidencia en el ámbito municipal y a servicios de carácter supramunicipal. Y a la vista de todo ello, el Consejo efectuó cinco recomendaciones, cuatro dirigidas a la Diputación de Ávila y una a la comunidad autónoma.

El informe, publicado el pasado mes de junio, ha comenzado a tener efectos positivos según subrayó Amilivia. Así, aunque la Diputación abulense rindió su cuenta fuera de plazo en los 4 ejercicios fiscalizados, la Cuenta General de 2023 ha sido ya rendida por la institución dentro del plazo legalmente establecido, dándose cumplimiento así a una de las recomendaciones realizadas. Asimismo, la liquidación del ejercicio 2023 refleja gastos por 78 millones de euros, un 21% más que en el ejercicio precedente, un saldo de tesorería de 51 millones y un endeudamiento al cierre del ejercicio de 19 millones.

La Diputación presentó una sola alegación al informe provisional del Consejo de Cuentas, la cual fue estimada.

Recomendaciones. Con relación a las recomendaciones, en primer lugar, según el presidente del Consejo de Cuentas, la Diputación debe impulsar las actuaciones necesarias que permitan garantizar el respeto del principio de legalidad especialmente en los siguientes ámbitos: Aprobación y contenido de la relación de puestos de trabajo, oferta de empleo público, plantillas y anexos y registros de personal; canalización de subvenciones a través de convenios y planificación estratégica; cumplimiento de las obligaciones de transparencia, mediante la comunicación a las correspondientes instancias de la información relativa a subvenciones, contratos, convenios y costes efectivos;coordinación de servicios obligatorios, cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios y cumplimiento del plazo legal de rendición de cuentas.

Como segunda recomendación del  Consejo de Cuentas, la Diputación abulense debe priorizar el ejercicio de las competencias sobre cooperación jurídica, económica y técnica con los municipios en cuanto instrumentos necesarios para alcanzar uno de los fines principales a los que, por imperativo legal, debe orientar su actuación la provincia, en cuanto agrupación de municipios, asegurando la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal bajo los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales.

En tercer lugar, debe adaptar su funcionamiento y dimensionamiento a los cambios introducidos en el ordenamiento jurídico derivados de las modificaciones legales sobre racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Asimismo, debe mejorar la regulación del plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y otros planes o instrumentos específicos de asistencia y cooperación para la realización de inversiones, actividades y servicios municipales en la que se incluyan las adecuadas medidas de planificación estratégica.

Finalmente, en lo que se refiere a la comunidad autónoma, se deberían dictar las medidas dirigidas a asegurar la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en los artículos 36.2.a) y 59 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contratos. Profundizando en el informe,  y según la información que consta en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las entidades locales, la Diputación formalizó 491 contratos por 17,5 millones de euros en los ejercicios 2019, 2020 y 2021, y se recalca que «algunos de estos no fueron comunicados al Consejo, incumplimientos que afectaron a contratos por importe conjunto de 20,2 millones. Además, otros dos contratos adjudicados en 2021 por los dos consorcios adscritos a la institución provincial tampoco fueron incluidos».

A su vez, precisa que «la Diputación y sus entes dependientes y adscritos acuden a la contratación externa en una parte significativa de los servicios que prestan, como la ayuda a domicilio; la gestión tributaria y recaudación; así como los centros de gestión de residuos de los dos consorcios. El contrato de mayor cuantía adjudicado en los últimos ejercicios fue el de ayuda a domicilio, con 16,8 millones de euros, formalizado en 2022 por dos años, prorrogable con dos más. Su prestación es cofinanciada por la Junta».

Convenios. El Consejo de Cuentas también apunta en su informe que solicitó una relación de los convenios suscritos por la diputación con las entidades locales, remitiendo esta un listado en el que se relacionaban 745 convenios en los ejercicios 2020 a 2022, pero sin información sobre el importe económico de los compromisos asumidos. La mayoría de estos convenios no había sido comunicada a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas.

«Cuatro líneas de actuación suman casi el 70% de los convenios: el 23% se refiere a la financiación de obras de infraestructuras municipales; el 18% corresponde a materias relacionadas con cultura, juventud y deportes; el 16% se refiere al programa Crecemos; mientras que el 12% concentra actuaciones del Plan de Empleo», apunta. El informe refiere que, aunque la utilización del convenio para canalizar subvenciones encuentra amparo en la Ley de Bases Reguladora de Régimen Local, al tratarse de subvenciones para obras o servicios municipales, «los convenios administrativos no pueden ser un instrumento que permita eludir la inclusión de una obra o servicio en los planes provinciales».

Personal. Por otra parte, en materia de personal, el informe refiere que la RPT de 2020 aportada por la diputación incluye 576 puestos distribuidos en la institución provincial, el Organismo Autónomo Fundación Cultural Santa Teresa y Organismo Autónomo de Recaudación. Sin que aparezcan incluidos en esta relación los puestos de trabajo de los dos consorcios adscritos ni los de Naturávila. En este apartado, el 67% de los puestos se hallaba vacante, afectando dicha situación de forma más acusada a la entidad principal, con 369 puestos sin cubrir.

El número de plazas existentes en la plantilla orgánica de la Diputación muestra una evolución descendente en los tres ejercicios analizados (2019, 2021 y 2022). De las 404 plazas existentes en 2019, se pasa a 364 en 2022, cifra que, respecto a la última RPT facilitada, arroja una diferencia de 212 plazas menos.

La comparación de RPT y plantilla pone de manifiesto un déficit estructural del 36,8% en la disponibilidad de recursos humanos necesarios para la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios. También, se acusa un número elevado de plazas de personal laboral de carácter indefinido (118 en 2022), lo que manifiesta una deficiencia en la planificación y selección de personal.