Un grupo de vecinos de la zona centro de Ávila, encabezados por los letrados Pablo Casillas y Juan Ángel Martínez, presentaron el pasado martes 26 de noviembre la demanda del procedimiento contencioso contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aprobada por el Ayuntamiento de Ávila en el mes de mayo y que entrará en vigor el miércoles 1 de enero de 2025. Una medida que cumpliría con la ley estatal 7/2021 de Cambio Climático, y el Real Decreto 1052/2022 que regula las Zonas de Bajas Emisiones en España. Sin embargo, en el expediente queda acreditado que la calidad del aire en la ciudad es "buena, e incluso, muy buena", incluyendo la calle San Segundo, la vía de mayor tránsito de coches del futuro área delimitado libre de coches. "Lo que debería haber hecho el Ayuntamiento, más allá de que exista una ley y un Real Decreto de contenido estatal, es haber analizado la existencia de otros derechos y otra normativa de nuestros derechos, ya que, en ningún caso, existe una directiva que imponga la implantación de la zona de bajas emisiones", declaró Pablo Casillas.
El organismo encargado de tramitar, en primera instancia, la demanda será el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCyL) en su sede de Burgos. Además, cabría la posibilidad de que el Ayuntamiento abulense pudiera presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo "sujeto a unas prescripciones muy estrictas, ya que el Tribunal Supremo ya se está pronunciando sobre esta materia", recordó el letrado. En concreto, hay dos sentencias desfavorables a la implantación de las ZBE en España: una en Madrid (en este caso fue el TSJ de Madrid) y otra en Barcelona (el Supremo corroboró la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien anuló la medida). "Esto establece que el Tribunal Supremo haya creado una jurisprudencia al respecto, con lo cual, las posibilidades de un recurso de casación por interés casacional podría quedar bastante limitado", afirmó Casillas.
Ambos letrados no presentaron medidas cautelares contra la Zona de Bajas Emisiones que plantea el Ayuntamiento de Ávila. "Hemos entendido que no era lo más procedente en razón de la materia y tampoco queremos que el Tribunal se vea abocado a dictar una resolución de esas características sin conocer y analizar todos los elementos propios de un asunto tan difícil y tan complejo. El efecto jurídico que conllevaría para los ciudadanos sería inocuo si se estimara nuestro recurso", explicó. Esto se debe a que el Consistorio planteó una moratoria durante los seis primeros meses del establecimiento de la ZBE que provocaría que las posibles multas no conllevarían sanción económica en ese tiempo. Por tanto, existe la posibilidad de que el TSJCyL tramitara el proceso y dictara sentencia en ese periodo. "Si así fuera, la ordenanza se anularía y, con ella, todas las sanciones", apuntó el letrado.
El recurso presentado por los letrados Pablo Casillas y Juan Ángel Martínez, que cuenta con el respaldo de más de 400 vecinos que se verían afectados por la ordenanza, se explica desde el hecho de que "entendemos que no se cumplen aquellas prescripciones que establece la Ley y que, por tanto, debería dar lugar a la nulidad". Casillas lamentó que las administraciones y organismos correspondientes no mostraran ninguna colaboración con la iniciativa a la hora de obtener más información con la que formalizar la demanda. "Entendemos que esa falta de colaboración se podrá suplir a través de los medios de prueba que hemos solicitado, tanto del Ayuntamiento como de otras instituciones, incluso de la Junta de Castilla y León para la realización de pruebas en otras zonas de la ciudad que, a todas luces, tienen una mayor incidencia en el tráfico", comentó. Entre las entidades que criticaron que no colaborasen estuvo la empresa encargada de gestionar los párkings públicos y la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA) en Ávila.
Casillas considera que la implantación de la ZBE vulneraría "los derechos fundamentales de los vecinos residentes, titulares de negocios y profesionales radicados en la zona delimitada, sin que exista contraprestación alguna". Critica que se hayan eliminado muchas plazas de aparcamiento en la zona centro y, en concreto, en el recinto amurallado y que se tenga más consideración a los turistas en lugar de a los propios habitantes de la ciudad. "No estamos en contra del turismo, todo lo contrario. Pero entendemos que Ávila debe ser una ciudad con los turistas, pero no para los turistas. Es decir, una ciudad con vida, pero no dedicada exclusivamente al turismo", afirmó. La ZBE de Ávila lleva bastantes meses siendo un quebradero de cabeza, tanto para los vecinos como para el equipo de Gobierno municipal. Veremos qué resuelve el TSJCyL y si, finalmente, se termina estableciendo o, por el contrario, se anula su aplicación.