La cárcel de Brieva se está sometiendo desde septiembre a un importante lavado de cara. Se podría decir que es tanto interior como exterior porque afecta a muchas de las dependencias que se ven pero también las que no se ven.Son tuberías, es calefacción y agua corriente, es reforma de celdas, mejor aprovechamiento de espacios, es seguridad contra incendios, mejora del sistema de videovigilancia. Una ardua labor de la que se está encargando desde hace tres meses y a los que seguirán muchos más, hasta los 18 que tiene de plazo, la constructora SanJosé que, por otra parte también ha sido la adjudicataria de la reforma de la prisión de Soto del Real.
Algunas de las actuaciones claves de este contrato que supera los 3,5 millones de euros y que como decíamos se ejecutará a lo largo de año y medio se recogen detalladamente en la memoria elaborada al efecto por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado SME, SA, (Siepse). Se trata de un plazo amplio debido a su complejidad. No podemos olvidar que de una cárcel se trata. Un centro que cuenta en su haber con nada menos que 160 celdas y a día de hoy con cerca de 70 internos en su interior.
Precisamente una de las actuaciones principales es en esos departamentos, en esas celdas, pues se va a dotar de duchas a un centenar y eso de paso servirá para la remodelación total de los espacios, «la reestructuración integral». Con ello se permitirá la eliminación de las duchas comunitarias lo que llevará a poder aprovechar esas zonas para destinarlas a espacios ocupacionales.
La cocina de la prisión será además reformada en su totalidad dentro de este ambicioso y complicado proyecto que desde luego destinará también buena parte del importe a la mejora del sistema de calefacción, a las tuberías tanto de agua fría como de agua caliente.
Hablábamos al principio de otros temas como la seguridad de ahí que conlleve un proyecto contra incendios, instalación de intercomunicadores en todas las celdas, la mejora del sistema de videovigilancia.
En su momento la Siepse fue la encargada de sacar a licitación este proyecto por un importe exactamente de 3.444.494,75 euros más un IVA de 723.343,90 (que hace un total de 4,16 millones). Un montante que incluía tanto el coste de los recursos humanos como el de los materiales.
Pese a ser tan amplia la actuación estimaron necesario no dividir en lotes aunque se iba a intervenir en los módulos residenciales, lavandería, cocina, instalaciones de calefacción, de agua fría para consumo humano y de agua caliente sanitaria, además de detección de incendios, interfonía y sistemas de seguridad. La división en lotes de una obra con un «complejísimo proceso de ejecución» de algún modo no era procedente, además de por las condiciones de acceso y para el suministro de materiales y equipos que solo se puede hacer bajo un estricto control de acceso al Centro Penitenciario». Las medidas de control lógicamente son tanto para acceder como ya en el propio centro de ahí la dificultad y la necesidad de una coordinación «muy estrecha de las diferentes actuaciones para interferir lo menos posible en el funcionamiento normal de un Centro Penitenciario», tal y como recoge el informe justificativo de la obra en cuestión. Coordinar es importante para poder llevarlo a cabo porque el centro actualmente «está en pleno funcionamiento y el desalojo para la ejecución de las (necesarias) obras, imposible». El plazo de garantía del contrato lo han establecido en tres años desde la firma del acta de recepción y entrega de conformidad. La memoria del proyecto recoge hasta la experiencia que deben tener los trabajadores que trabajen en la intervención y la cualificación profesional de los mismos.
En su web la constructora lo resume en una actuación que supone «el diseño, cálculo, dimensionamiento y valoración de la sustitución o implantación de diversas instalaciones (Interfonía, CCTV, detección de incendios, calefacción…), la sustitución de equipos, implantación de una red de multiservicios basada en fibra óptica, y la reforma integral de las celdas y diversas zonas comunes de la infraestructura penitenciaria».