El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Ávila a la mujer que pretendió estafar a la familia de un preso mediante el cobro de 42.000 euros con la promesa de que lograría poner en libertad a este. El presidente de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ, José Luis Concepción, así como los magistrados Carlos Javier Álvarez y Blanca Isabel Subiñas, desestimaron el recurso de amparo de la acusada, que deberá cumplir de manera íntegra la pena que le fue impuesta el 26 de julio de 2023.
Los hechos se remontan a principios de 2016, cuando un hombre, de iniciales S.C.L., estaba a la espera de entrar en la cárcel por un delito que, él y su familia, defendían que no había cometido. Ya habían agotado todos los recursos posibles y su destino era inmutable. Sin embargo, por medio de un conocido se enteró de la existencia de un grupo de abogados que, supuestamente, estaban al frente de la Asociación de Víctimas del Sistema Judicial Democrático Español.
El futuro encarcelado se entrevistó con dos abogados de la entidad, un hombre con iniciales J.J.P.M. y una mujer con iniciales A.M.C.A., en Madrid. Aunque se trataba de una asociación sin ánimo de lucro, los responsables le solicitaron 42.000 euros con la promesa de ponerle en libertad. La familia de S.C.L. llegó a pagar ese montante económico, pero el hombre no salió de la cárcel y, desde la Guardia Civil, aseguraron a sus familiares que esa entidad no había realizado ningún movimiento porque «no tenía actividad».
Con el tiempo, esta pareja fue descubierta y fue acusada de estafa en la Audiencia Provincial de Ávila por este delito (el hombre no acudió al juicio por encontrarse en paradero desconocido). Comenzó un nuevo juicio que acabó con la fémina condenada a la pena que proceda por un delito continuado de estafa. La presunta delicuente emitió un recurso de apelación contra esta pena que, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia no ha otorgado.
Sin embargo, contra esta sentencia cabe recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma, que la condenada podrá presentar ante esa misma sala dentro de los cinco días siguientes al de su última notificación para su interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España, situado en Madrid.