Ávila acoge el XVII Congreso de juego de Castilla y León, una cita que se retoma después de la pandemia y que, según explicó el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, es el único en España que se convierte en un «foro de debate». Por eso fue en él en el que recordó las novedades normativas en las que se está trabajando y señaló que el Gobierno regional se mueve por dos principios, el juego responsable para los consumidores y usuarios y dar seguridad a las empresas de una actividad que cuenta con más de 450 empresas y tiene más de 2.000 trabajadores, dejando en las arcas 61,2 millones. En este sentido, González Gago defendió el juego como una actividad empresarial legítima donde destacó la importancia de la regulación y la protección a los ciudadanos en sus prácticas.

Es por ello que, señaló, Castilla y León cuenta con un registro específico para «personas con problemática de juego» en el que hay unas 1.000 personas, un 0,05 de la población total. En este «volumen de personas que plantean alguna problemática con el juego se produce fruto de las nuevas tecnologías, de las tablets, de los móviles, del juego por internet y, sobre todo, practicado por jóvenes». 

La preocupación por este problema ya lleva a que existan ayudas para las asociaciones de ayuda y, con la nueva normativa, se contempla que se destinará «toda la cuantía por multas y sanciones» a políticas de rehabilitación y prevención del juego. En concreto, esta es una de las novedades de la última modificación de la ley, con el destino de esos ingresos a los programas de prevención y rehabilitación de la ludopatía, campañas y acciones formativas de prevención y a programas sociales, educativos y salud pública de carácter general.

Precisamente, los cambios en la normativa centraron gran parte de su discurso, al recordar que ya se hizo una modificación de la Ley del Juego este año, con un actualización tras 26 años y que profundiza en el juego responsable. Se hizo en colaboración con los subsectores del juego y de las asociaciones de personas con problemas de adicción. En su aplicación, para el futuro hay tres proyectos de reglamento en los que se trabajará y que incluyen el desarrollo de la Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable que, con el objetivo de crear un entorno de juego seguro y consciente, tiene como misión la elaboración y seguimiento de una nueva Estrategia de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico, y cuya regulación, a través de decreto, ya se está tramitando para que puedan entrar en funcionamiento a principios de 2025.

Además se trabaja en el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento regulador de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, donde se ha visto un aumento de solicitudes. Por último, está el desarrollo reglamentario para la promoción y publicidad del juego, con más garantías e incidiendo en que no haya prácticas excesivas. 

A ello añadió que habrá que «abordar la regulación» de las cinco normas reglamentarias que afectan a cada uno de los subsectores (casinos, bingos, salones de juego, establecimientos de apuestas y máquinas de juego), para que en 2025 haya modificación de los reglamentos.

En todo caso, Fernández Gago, incidió en que en «Castilla y León socialmente el juego está controlado y muy regulado», en lo que tiene que ver también los cambios que llegan con la última modificación de la ley, un «hito», que establece un nuevo régimen de distancias mínimas, que marca 300 metros entre los establecimientos y amplía a 150 metros (antes eran cien) la distancia respecto a centros educativos oficiales. 

Además, y continuando con el futuro más inmediato, el consejero de la Presidencia señaló que el Anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León, en línea con la filosofía general de moderación de impuestos, contempla la congelación de los tributos de juego y apuestas, que permanecerán en la misma cuantía que en el presupuesto vigente.