Muy normal no es, le dije a Carlos Herrera, comentando con él la entrevista que el miércoles le hizo en Cope al 'comisionista denunciante' Víctor de Aldama, un país en el que la gente cree más la versión de un delincuente (Aldama lo es auto confesadamente) que la del Gobierno, que es nada menos que el Gobierno de la cuarta potencia de la Unión Europea. Tampoco es muy normal, continuamos con la charla, que los ciudadanos no crean en la inocencia de un fiscal general del Estado que se encuentra imputado por un presunto delito de revelación de secretos y crean más, en cambio, las acusaciones contra el Ministerio Público de un personaje que se ha autoinculpado -por eso negoció con la Fiscalía- de delitos contra Hacienda. Claro que, si seguimos recorriendo el mismo camino, es profundamente anormal que...
Es profundamente anormal que comience el congreso nacional del partido que sustenta al Gobierno de esa cuarta potencia de la UE preguntándose si el 'jefe máximo' de ese partido y de ese Gobierno mostrará su pulgar hacia arriba o hacia abajo a la hora de determinar si el 'número tres' del tal partido, al que envió para negociar con un forajido y al que se ha acusado de demasiadas cosas, seguirá o no en el cargo. Bueno, y muy explicable tampoco es que quien reconstruyó ese partido, y hablo del antaño glorificado y ahora denostado Felipe González, no vaya a asistir a ese congreso, enfrentado como está a muerte con el actual secretario general. Creo, por cierto, que va a ser la primera vez que González deje de acudir a un congreso del PSOE desde el de Suresnes en 1974; significativo ¿no?
Vamos, que podría seguir enumerando durante horas las peculiaridades de la política de este país nuestro, que vive desde hace tanto tiempo en la anomalía que significa que formaciones que quieren destruir al Estado sean las que apoyan la continuidad del Gobierno de ese Estado. O, por ir a la actualidad más actual, la incongruencia aparente de que se empuje a la dimisión al secretario general de una federación tan importante como la madrileña por el 'delito' de haber cumplido con la legalidad contra la ilegalidad a la que le empujaban desde los aledaños de La Moncloa. Así son las cosas, por muy descarnadas y escandalosas que suenen.
Pero, para hacer este relato corto, para mí lo más anómalo dentro de la perpetua anomalía que nos embarga reside en que nos hemos convertido en un país 'ucoízado', pendiente de que los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que parece ser la que aquí todo lo investiga, nos digan la penúltima palabra (antes de la del juez) sobre el 'caso Begoña Gómez', o sobre el hermanísimo de Pedro Sánchez, o sobre otras cuestiones que aún me parecen bastante más graves, llámense Koldo, Abalos, Delcy o, en la cúspide de la gravedad, sobre si el fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, puede o no haber delinquido, cuánto, cómo y con quién. Y para qué.
En UCOlandia estamos todos pendientes de lo que esa Unidad, acerca de la cual no existe mucha transparencia -ni estoy seguro, excepcionalmente, de que deba haberla-, pero que, de cuando en cuando, parece que 'filtra' cosas a determinados/s medio/s, dictamine lo que está bien o mal, lo que es correcto o incorrecto. Y conste que no lo critico, sino al contrario: me alegra la existencia de un cuerpo de las Fuerzas del Orden que, con agilidad y conocimientos, sea capaz de llegar al fondo de asuntos de corrupción intrincados o de sucesos que nadie había podido antes solucionar. En este sentido, bienvenido sea que los jueces encuentren una inestimable ayuda en un grupo de la Benemérita, casi autónomo aunque subordinado a la Jefatura de Policía Judicial, que se reclama independiente de presiones, incluyendo las que le podrían llegar desde el propio Ministerio del Interior (si fuese el caso, que espero que no lo sea).
Lo que digo es, simplemente, que me sorprende que se hayan opacado casi hasta la oscuridad total otras agencias, unidades y centros de investigación de toda suerte de delitos, y, debo confesarlo, también me choca un poco la existencia de determinadas filtraciones, aparentemente sin control, que hacen que la opinión pública, perpetua veleta, de pronto considere inocentes o culpables a una o varias personas relacionadas con algún suceso alojado en los titulares de los periódicos. Me alegra, sí, la existencia de la UCO; tanto, al menos, como me entristece que sus seiscientos agentes tengan que trabajar 'full time' porque se multiplican los casos "de especial trascendencia y gravedad", que requieren sus servicios. Un país 'ucoízado', ya digo, no es precisamente el modelo que a mí más me gusta, con perdón.