El Colegio de Abogados de Ávila aprobó un manifiesto en el que mostró su «enorme preocupación» con el contenido de la Ley de Amnistía que se está tramitando en las Cortes Generales –la llave de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno– y se comprometió a estudiar ejercitar «cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes». El documento fue aprobado de forma mayoritaria por los colegiados asistentes a la Junta General Extraordinaria del Colegio de Abogados convocada el jueves con el fin de someter el asunto a votación, después de que la cita hubiera sido propuesta por más del diez por ciento del censo de letrados. En concreto, el manifiesto contó con 40 votos a favor, 11 en contra y 2 en blanco de abogados ejercientes, además de 3 votos a favor de abogados no ejercientes. De esta manera el Colegio de Abogados de Ávila se convierte en el «primero» de todo el país que se 'planta' frente a la Ley de Amnistía y se compromete a estudiar acciones para defender el Estado de Derecho, al menos como colectivo y al nivel de la asamblea general, el órgano que aglutina a todos los colegiados, y no solo en el ámbito del órgano de gobierno.
Así lo explicó Pablo Casillas, uno de los más de 200 abogados colegiados y ejercientes de Ávila y uno de los promotores de la iniciativa, quien destacó el interés que suscitó el debate sobre la amnistía en los profesionales abulenses, dada la afluencia, mayor de lo habitual, a la asamblea convocada para pronunciarse sobre el manifiesto.
El texto aprobado recoge que «en relación con la Ley de Amnistía que se tramita en las Cortes Generales, de conformidad con el artículo 3 y demás concordantes de nuestro Estatuto y del artículo 1.5 del Estatuto General de la Abogacía Española, que confieren la defensa del Estado social y democrático de Derecho proclamado en la Constitución, desde la absoluta neutralidad institucional y pleno respeto a la pluralidad política, muestra su enorme preocupación por su contenido».
A tal efecto, manifiesta que «la conformación de mayorías parlamentarias ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional; que la separación de poderes, fundamento del Estado democrático, y sus mecanismos de control y contrapeso, imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional, yque el uso de término lawfare (instrumentalización de la justicia con términos políticos) referido a los juzgados y tribunales no tiene cabida en un Estado democrático», calificando como «inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional». Además, también se apunta que «la sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial constituyen un presupuesto del Estado de Derecho, que debe ser respetado y acatado por todos los actores políticos y privados, lo que exige un llamamiento a la responsabilidad». Por último, se apunta que «la Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea rigen toda la actuación, incluyendo la de los partidos políticos, debiendo ser no solo asumidos y aplicados, sino también defendidos por todos los poderes del Estado y de la sociedad civil».
Por las razones expuestas, se concluye, el Colegio de Abogados de Ávila, en cumplimiento de todos sus fines, «estudiará ejercitar cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes».