Hace 20 años, el 28 de diciembre de 2004, echaba a andar oficialmente la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una de las normas más avanzadas y vanguardistas del momento con el respaldo de todo al arco parlamentario, algo impensable en estos momentos de confrontación política y guerras intestinas. El Congreso había alcanzado un gran acuerdo en materia de igualdad al registrar 325 síes y 325 votos emitidos, no hubo ningún no ni abstenciones.

Pocas votaciones han salido adelante con tal unanimidad. Esta normativa, pionera a nivel europeo, marcó un antes y un después en la sociedad española. Por primera vez, se reconocía de manera explícita la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y se establecían medidas integrales para prevenirla, proteger a las víctimas y perseguir a los agresores.

La ley logró visibilizar, en aquel entonces y durante estas dos décadas, un problema que históricamente permaneció oculto. Rompió el silencio de las mujeres y fomentó la denuncia y la búsqueda de ayuda por parte de las víctimas, pero también la adopción de medidas concretas que empezaron a combatir el maltrato.

Hoy, 20 años después de aquel logró histórico para toda la sociedad, los poderes públicos, las asociaciones de víctimas y los estamentos jurídicos se enorgullecen de un texto que marcó un antes y un después en la defensa de las mujeres, pero también reclaman una revisión para incluir nuevos tipos de violencia y medidas que sirvan para «completar y actualizar» la ley, destacó ayer la ministra de Igualdad, Ana Redondo. 

Las nuevas agresiones

La socialista indicó que «la norma es magnífica», pero pidió «ser conscientes de las nuevas violencias», entre las que nombró la económica, la vicaria o la que se ejerce en las redes sociales.

También propuso ser más «contundentes» en la exigencia de formación específica a las fuerzas judiciales y policiales que trabajan en la lucha contra la violencia de género, así como avanzar en los centros de crisis, que, en sus palabras, «necesitan un recorrido para ser útiles y eficaces».

La titular de Igualdad mostró su «agradecimiento profundo» a todas las personas que participaron en el trabajo previo y la redacción de la ley, de la que destacó el «consenso» logrado.

«Solamente los pactos políticos basados en uniones sociales amplias consiguen los mejores efectos posibles», remarcó.

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, quiso recordar a Ana Orantes, asesinada por su exmarido en 1997 tras denunciar en televisión la violencia machista de la que había sido víctima, cuyo caso, en sus palabras, ayudó a abrir los ojos a la sociedad española ante este tipo de agresiones.

En la misma línea se mostró la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quien recordó los «avances y la capacidad transformadora» del texto y admitió que la ley supuso «un hito» que reflejó el consenso político e institucional para combatir la violencia de género como una cuestión de derechos humanos. 

Desde su entrada en vigor, más de dos millones de mujeres han denunciado maltrato, algo impensable antes de la ley porque el sistema judicial no contaba con una respuesta para plantar cara a la violencia machista.

Las herramientas para poner freno a esta lacra, sin embargo, siguen siendo insuficientes a tenor de los datos oficiales. En lo que va de 2024, 46 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y, desde el año 2003, fecha en la que se puso en marcha el registro oficial, el número de víctimas asciende a 1.291.