La Junta de Castilla y León inicia el procedimiento para que sus servicios jurídicos comiencen a estudiar en detalle un posible recurso si el Gobierno permite a las comunidades forales establecer bonificaciones en el impuesto a las compañías energéticas, que pretende se convierta en permanente en todo el país. El Ejecutivo autonómico entiende que esta posibilidad, prevista en el marco de la negociación parlamentaria, supondría una nueva «ruptura» del principio de igualdad y equidad entre los españoles.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, informó sobre los nuevos pasos que dará la Comunidad en el caso de que el Gobierno avance en su propuesta de hacer permanente el impuesto energético, con la excepción de las comunidades forales, a las que podría conceder capacidad normativa sobre el mismo, lo que abriría la puerta a establecer bonificaciones o beneficios fiscales.

Por ello, la Junta, según Fernández Carriedo, está «analizando» el impacto que tendría en la Comunidad el anuncio de que las comunidades de régimen foral podrán beneficiarse de una «recaudación específica» para sus territorios, no permitida en las del régimen común, así como la posibilidad de regular bonificaciones o beneficios fiscales, «prohibido» para el resto.

De esta forma, el portavoz señaló que los servicios jurídicos cuentan con la orden de estudiar en detalle en qué momento es «más adecuado» presentar el recurso, así como el «contenido» del mismo. Para ello, admitió Carriedo, sería necesario «conocer el elemento normativo» del Gobierno que habría que recurrir. No obstante, «sea cuál sea», aseguró que inician el procedimiento para tratar de impugnarlo.

«No podemos permitir la desigualdad entre españoles», dijo Fernández Carriedo, quien enmarcó los cambios que estudia el Gobierno en su situación de «debilidad» parlamentaria y en la negociación de los Presupuestos del Estado para 2025. Además, el consejero de Economía y Hacienda apuntó que la decisión del Gobierno hacer permanente el impuesto extraordinario a las empresas energéticas ha provocado que «diversas» compañías hayan anunciado el traslado de sus inversiones a otros países.

En los dos años que ha estado en vigor el gravamen extraordinario a energéticas y bancos, el Ministerio de Hacienda ha ingresado por este concepto casi 5.800 millones, cantidad aproximada a la previsión gubernamental de recaudar unos 3.000 millones anuales.