El campo es un sector tan esencial en la vida que el hecho de que pueda estar en peligro puede ser desalentador. Y algunos datos no ofrecen buenas expectativas, especialmente por la pérdida de trabajadores y los problemas que hay para la incorporación de los jóvenes. Unos problemas que pasan, según explican las organizaciones agrarias, por la falta de acceso a la tierra y la tardanza en llegar las ayudas para la incorporación.

Entre las diferentes referencias que se pueden tomar, según los datos de afiliaciones en el sector agrario, el pasado mes de octubre había en Ávila 2.774 trabajadores en este sistema. Esto supone un descenso de más de un once por ciento respecto a lo que había una década atrás, con 3.107, lo que significa que se han perdido 333 trabajadores en estos años. Lo cierto es que en este tiempo se ve una tendencia general de descenso, aunque hay años en los que varía, con una reducción paulatina de los trabajadores que se dedican al campo en Ávila, dentro de un sector que es relevante en la provincia.

Y para entender lo que supone este descenso no hay más que ver lo que sucede con la afiliación en general. De esta forma, en el régimen general de afiliación, el más numeroso en Ávila, en octubre de 2015 había 33.999 personas mientras qe ahora son 41.154, lo que quiere decir que se ha producido en la última década un aumento de un 21,5 por ciento. Yahí se ve con claridad la diferencia en la tendencia.

Entender qué es lo que sucede en el sector agrario y qué medidas se podrían tomar mejorar pasa por comprender qué es lo que está sucediendo para que no haya relevo generacional, más allá de lo que se pueda decir comúnmente de que no resulta un sector atractivo para los jóvenes. Son las organizaciones agrarias las que ponen voz a estos problemas y se lanzan a proponer soluciones para que este sector siga vivo. Cada organización tiene sus matices pero es cierto es que uno de los factores que más se repite es el problema de acceso a la tierra, con imposibilidad de los jóvenes de tener terrenos que trabajar y pastos, en buena medida porque cuando llega la edad de jubilación los dueños de esta tierra no están dispuestos a vender o alquilar puesto que continúan con ella para complementar una jubilación que puede resultar escasa. A esto se unen otros problemas como la tardanza en la llegada de las ayudas o los costes de producción, junto con otros temas como los seguros o la falta de seguridad por aquello de tener que estar siempre mirando al cielo.

Francisco Robledo, presidente provincial de UCCL, habla de esta problemática y señala que la falta de relevo generacional viene lastrada por «perder gente» por las ayudas «lentas» para la incorporación, además de la burocracia, que va complicando todo el proceso y hace que los interesados puedan cambiar de opinión.

Otro de los problemas es el acceso a la tierra porque «el propietario no quiere desprenderse, quiere mantener su PAC» y así es difícil que haya cesiones o se arriende la tierra.

Tampoco ayuda la situación actual, en especial en temas como el «cereal con tres años de mala cosecha». Pero también hay problemas en la ganadería, con temas como el saneamiento, las enfermedades y, en el caso del extensivo «el lobo es un sinvivir» y los mismos «padres dicen que para que se van a quedar sus hijos con sufrimiento y sin rendimientos» y mientras se tienen que enfrentar «a préstamos toda la vida».

Esto tiene que ver mucho con otro problema al que se refiere y que no es otro que «la falta de rentabilidad», que es algo que «también ven los hijos y hace que no se quieran quedar» ante «costes de producción cada vez más elevados que lastran el rendimiento».

Esto se traduce en que «aventurarse a montar una granja» supone tener muchos factores en cuenta, en especial todos «los costes de arranque» que, aunque tengan ayuda», llevan «mucha burocracia y requisitos», además de «mucho control por parte de las administraciones». Y esto es lo que finalmente hace que los jóvenes se vayan a otros sectores, explica.

Con los problemas encima de la mesa esto lleva a pensar en cuáles pueden ser las soluciones. Desde UCCL presentan varias ideas que creen que serían positivas, entre ellas «suavizar» la burocracia, que se haga con una «visión real» de lo que es la agricultura y la ganadería. Aquí hace hincapié, por ejemplo, en que cuando llega el momento de hacer una incorporación hay que plantear un plan empresarial con muchos detalles como qué se va a sembrar o qué se va a hacer cada año y «la agricultura y la ganadería no son matemáticas» por lo que cree que es necesario tener «mano izquierda para los trámites y dar más facilidades». 

El tema de la jubilación es otro factor importante y también la cesión de explotaciones, donde las ayudas tienen poco presupuesto y «habría que subir para que la gente entre». A esto se une la importancia de la búsqueda de mecanismos para que los propietarios renten o vendan las tierras a los jóvenes lo que se hace complicado cuando se llega con una «jubilación muy escasa» y un «matrimonio que ha estado toda la vida tiene unos 800 euros para vivir». Es decir, si no se suben las jubilaciones seguirán manteniendo su tierra.

También considera necesario «apostar porque la mujer se quede en el campo» como una manera de asegurar el futuro y hacer que los pueblos no se vacíen. 

Joaquín Antonio Pino, presidente de Asaja Ávila, también aporta su visión a este problema, comenzando por elevado coste de las instalaciones y también los costes de producción. Es decir, comenzar con temas de maquinaria o naves supone tener que acceder a financiación previa y esto es un factor muy a tener en cuenta.

También en su caso coincide con el problema de acceso a la tierra, que está en mano de los agricultores, al igual que los pastos en las de los ganaderos, y donde hay dificultad en el relevo porque «la gente sigue trabajando y no suelta las tierras porque las pensiones son bajas». Y por eso también cree que hay «que dar una vuelta a estas cuestiones para que el que se jubila tenga una pensión digna y no de poco más de 800 euros». Con esas cifras no dejarán la tierra.

También pone sobre la mesa otros factores como los impuestos en el sector y el tema social, el hecho de que en los pueblos no quede gente, sobre todo los jóvenes, con las dificultades que eso plantea para formar una familia o tener acceso a la sanidad o la cultura.

Esto se une, y mucho, a la falta de seguridad en el campo y que «no hay un adecuado sistema de seguros agrarios» porque al final «te lo juegas todo a una carta con los precios».

Al final esto hace que, entre las soluciones, se refiera a la importancia de las pensiones, la fiscalidad, fomentar el traspaso de la tierra y que las ayudas sean «realmente efectivas», especialmente teniendo en cuenta las «inversiones tremendas» para las instalaciones y que se tardan «años» en cobrar las ayudas. Por eso, además se refiere a temas como préstamos blandos y dignificar la figura del agricultor y el ganadero.

Desde UPA Ávila, Ventura Rodríguez, comenta el problema de «no tener precios dignos» que cubran los costes de producción. Aquí pone como ejemplo un «sector destacado en Ávila» como es el cereal donde se aproximan a «pérdidas de entre 300 y 350 euros por hectárea» y con datos como estos «es difícil motivar».

Habla también de los requisitos para ser titular de explotaciones donde se necesitan determinadas cabezas de ganado o hectáreas de terreno y hay problemas para la disposición de la tierra porque «las personas que se retiran» lo hacen «con una jubilación que es 'ficticia' porque siguen llevando la explotación». Y esto se traslada en la ganadería a los pastos.

El tercero de los problemas a los que hace referencia es lo que se alargan los plazos, con ayudas que tardan en llegar «dos o tres años cuando se necesitan desde el primer día» para poder hacer la incorporación. Es un plazo muy largo desde que se 'mueve' el primer documento hasta que se consiguen certificar todos los requisitos y se perciben las ayudas.

Así que también él insiste en la importancia de «agilizar los plazos» y ayudar a que sea más fácil y que tenga apoyo la cesión de explotaciones, sobre todo cuando es entre familiares. Pero en su caso añade un punto más y es la herramienta de la Ley de la Cadena Alimentaria, para impedir que se venda por debajo de los costes de producción, por lo que se necesita «un baremo oficial» que determine «el coste de producción de cada producto».