Castilla y León sale «muy preocupada» de la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en año y medio. El cónclave en el que se fija la relación económica entre el Gobierno y las comunidades evidenció ayer la brecha existente entre la Junta de Castilla y León y el Ejecutivo central, con el melón de la reforma de la financiación autonómica de fondo. «La sensación es de mucha preocupación, porque hemos querido hablar de financiación autonómica y del trato favorable a algunas comunidades en algunos acuerdos, y sin embargo no se ha hablado de eso». El consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, lamentó tras la reunión que el encuentro, lejos de aclarar las muchas dudas que sobrevuelan la financiación autonómica y las consecuencias de los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez, sirvió para incrementar las «preocupaciones» existentes. «La sensación es que si el Gobierno pudiera, prescindiría de contar con los órganos multilaterales y lo resolvería negociando con sus socios».
Una situación que achaca a la nula información recibida desde el Ministerio que comanda María Jesús Montero respecto de cuestiones que califica de «vitales» para la financiación de las distintas comunidades autónomas. Datos macroeconómicos que, según deslizó el consejero sin aventurarse a dar nombres, ya estarían en manos de algunas regiones. «Hay muchas cuestiones que hemos visto que hay alguna –comunidad– que sí disponían de ellas y que están negociando fuera». «La sensación es que los temas vitales para la financiación de las regiones y para la financiación de los servicios públicos no se están hablando ni negociando en el seno de este Consejo, sino que se están negociando fuera».
Fernández Carriedo mencionó en este punto la ausencia de los consejeros de algunas comunidades, como Cataluña, que no envió a su consejera, Natalia Mas, y en su lugar mandó al secretario general del departamento, Josep María Vilarrúbia, y a la directora general de Presupuestos, Esther Pallarols. «Quizá por ello quienes están negociando fuera de este Consejo no han querido asistir a esta reunión».
Frente a ello, el también portavoz de la Junta volvió a realizar un llamamiento a que la negociación de la financiación autonómica y de todos los fondos del sistema se acuerde «entre todos» y «en condiciones de igualdad» y reiteró su rechazo a pactos «con algunos» y «en reuniones bilaterales, incluso fuera de España», para que se apliquen luego al resto de comunidades autónomas. «Luego se nos quieren imponer las resoluciones al resto de las comunidades», enfatizó Fernández Carriedo, que insistió en que la Junta quiere «participar en las negociaciones», como el resto de las autonomías. «Estamos pidiendo básicamente un trato de igualdad, una negociación entre todos, que lo que importa a todos se decida entre todos».
Igualdad de trato
Una premisa, la de la igualdad en el trato a todas las comunidades, que ya había verbalizado con anterioridad el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que reclamó al Gobierno que trate a todas las comunidades autónomas por «igual» y rechazó privilegios «para unos pocos». A través de su redes sociales, el mandatario autonómico aseguró que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, desde la Junta de Castilla y León iban a pedir «que se nos escuche». «Queremos que se aborde de una vez, la reforma de la financiación autonómica, ya que en la actualidad, no cubre la prestación de sanidad, educación y servicios sociales».
Desde el PSOE, el secretario regional Luis Tudanca reclamó al presidente de la Junta que atienda los intereses de Castilla y León y no a los del PP en el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. De esta forma, lo invitó a que vuelva al consenso alcanzado en 2016 en la Comunidad y al acuerdo con Galicia, Asturias, Extremadura o Castilla-La Mancha y no se «someta» a los postulados de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que aseguró «es la que manda».