El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el que lleva trabajando los últimos años el Ayuntamiento de Ávila, definido como «un conjunto de actuaciones mediante las cuales se implementan formas de desplazamiento más sostenibles en el espacio urbano (caminar, pedalear o utilizar el transporte público), logrando con ellas una reducción en el consumo energético y las emisiones contaminantes, garantizando la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, una mayor cohesión social y un mayor desarrollo económico», está encontrando bastantes más dificultades en la realidad –con polémicas ciudadanas incluidas en varios de sus puntos de desarrollo– que las que en principio podían esperarse para un proyecto tan lleno de buenas intenciones y que llegaba tan bien vestido.

Apuesta este Plan, tal y como avanza en su declaración de intenciones, por crear y consolidar varias e importantes mejoras objetivas, aunque no demasiado definidas a priori, como hacer de Ávila una ciudad más inclusiva, segura y sostenible, de la mano de actuaciones que reduzcan las emisiones contaminantes y potencien el uso del transporte público, de la bicicleta y del paseo; pero, como bien dice el refrán, una cosa es predicar y otra muy diferente dar trigo.

Cierto es que el Ayuntamiento abrió un proceso de participación y consulta a los abulenses relativo a este proyecto, invitándoles a que aportasen sus peticiones o sugerencias, pero conforme el Plan ha ido tomando asiento y avanzando nuevos pasos han ido surgiendo desavenencias entre la autoridad municipal y el ciudadano, bastante enconadas algunas de ellas como las frontales oposiciones al carril bici de la zona sur en varios de sus tramos –los vecinos de la zona del Arturo Duperier se han manifestado en la calle para pedir la reversión de la vía de servicio de la calle Rodríguez Sahagún– o la creación de la Zona de Bajas Emisiones –vecinos de la zona Centro anuncian medidas legales contra esa ordenanza por considerarla «arbitraria» y carente de argumentos jurídicos y técnicos–, lo que demuestra que el diálogo buscado no ha sido, al menos hasta ahora, lo abierto y fructífero que sería de desear.

Parece evidente que hace falta más conversación abierta entre el Ayuntamiento y los vecinos más directamente afectados, y sobre todo que ésta tenga lugar antes de la toma de decisiones en principio polémicas que si luego hay que cambiar suponen tanto gasto o esfuerzo que cuesta mucho revertirlas, aunque sean manifiestamente mejorables, porque si la 'conversación' tiene lugar después de que ya se han decidido las cosas ya no es tal, y las consecuencias suelen ser entre negativas y desalentadoras.