Se está convirtiendo en algo peligrosamente rutinario la declaración de desiertos algunos concursos públicos de obra civil, de manera especial en los últimos tiempos. Y no es un problema de una única administración, sino que afecta a todas de la misma manera. Visto así, se convierte en una tendencia general que obedece más bien a un problema coyuntural. No en vano, en este contexto socioeconómico, con un incremento desorbitado en los precios de las materias primas y con una fluctuación de costes, muchas empresas están siendo especialmente cautelosas a la hora de afrontar estos concursos públicos porque se juegan su futuro.
Esta situación, además de los retrasos que propician en las obras, atasca los proyectos en la burocracia ante la necesidad de repetir licitaciones, un problema añadido al ya de por sí largo tiempo que suelen durar los trabajos de estas infraestructuras que, aunque las hay de diferente magnitud, algunas son especialmente llamativas e imperiosamente grandes.
Otra de las consecuencias es que suelen ser las mismas empresas las que sean recurrentes adjudicatarias de contrataciones por la administración pública, lo que no tiene que ser un problema en sí mismo –de hecho, la ley de concursos públicos es rigurosamente garantista–, pero puede propiciar retrasos y peticiones de prórroga por acumulación de trabajos que alarguen unas obras que, en ocasiones, requieren de una urgencia bien por el objeto de la obra, bien por la necesidad concluirse.
Ante todos estos condicionantes, conviene recordar que, en aras a que la administración preste un servicio de calidad al ciudadano, y sea lo más ágil resolviendo sus problemas, el licitador ha de ser práctico y realista, sacando a concurso proyectos que encajen con los costes reales de las obras y los objetivos de las empresas, porque será la manera más rápida de que la obra civil concluya en tiempo y forma. Económicamente también es importante recordar que son muchos los millones de euros que mueven estas licitaciones a lo largo de un año, y además del trabajo directo, genera un movimiento alrededor de la economía local donde se desarrollan las obras.
En el caso de la provincia de Ávila, hay trabajos relevantes pendientes de resolver como la actuación sobre las ruinas del Convento de Santo Domingo de Piedrahita, catalogado como BIC; las obras de mejora energética del edificio judicial de Piedrahíta, la construcción de una pista deportiva en el IES Adaja de Arévalo, el corte de madera quemada en Montes de Utilidad Pública afectados por el fuego de Santa Cruz del Valle en 2022, u obras de menor tamaño como la urbanización de plazas, instalación de canalones, obras de acceso a centros educativos o depuradoras de agua. Asuntos que, si concluyen sus obras, mejorarán la vida de los ciudadanos o contribuirán a salvaguardar el patrimonio local.