Acaba de empezar el año y otra vez en los medios de comunicación noticias tristes de casos de violencia de género. Y otra vez los actos de repulsa, los minutos de silencio, los comunicados de condena. Pero la estadística sigue y, suponiendo que sea completa, a lo largo de 2024 murieron 40 mujeres por esta causa. Se podría decir que no murieron, sino que fueron asesinadas, porque en la mayoría de los casos lo que hay desde el punto de vista jurídico es un asesinato. En la última estadística que he podido consultar, que es de comienzos del año pasado, en el conjunto de la Unión Europea España ocupaba el cuarto lugar, tras Suecia, Holanda y Dinamarca, todos ellos países con notables grados de progreso económico y calidad de vida, lo que viene a significar que el terrible fenómeno no está relacionado causalmente con el bajo nivel de desarrollo.
En todo caso, el asesinato es la expresión más grave de la violencia, ya que hay muchas otras manifestaciones de distinta gravedad. Si observamos los datos generales, el impacto es tremendo. Solo en el segundo trimestre de 2024, último contabilizado, se presentaron más de cincuenta mil denuncias por violencia de género, casi un 5% más que el año anterior en ese mismo periodo, aunque el número de víctimas fue algo menor.
A la vista de esa situación, resulta verdaderamente inquietante reiterar la pregunta habitual: qué más se puede hacer para erradicar esta lacra, teniendo en cuenta que la vigencia de una ley especial, de juzgados especiales, de medidas especiales de protección, no han sido hasta ahora suficientes. Se anuncian algunos cambios en los protocolos de prevención y vigilancia, con el fin de apreciar los niveles de riesgo en todos los casos y de intensificar el seguimiento cuando haya menores potencialmente afectados o cuando el agresor lo sea con probabilidad de persistencia.
Todo lo que sea mejorar la protección, actuando por anticipado, estará bien. Pero sería necesario revisar y actualizar un gran pacto de Estado, con dimensiones institucionales, políticas y sociales, y con aplicación en el ámbito educativo, además de en el jurídico. Porque hoy ya sabemos que solo con una intensa cooperación, con implicación completa y con compromiso eficaz, podemos aspirar a lograr el objetivo deseado.