El actual presidente de la Audencia Provincial de Ávila, Javier García Encinar, ha sido el único que ha presentado candidatura para continuar al frente de la misma, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial.

Así, el próximo martes, 17 de diciembre, ha sido citado por la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial que se encarga de evaluar a los aspirantes a las 13,45 horas.

También ese día han sido citados para  las dos aspirantes a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, así como el candidato a la presidencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde también hay candidato único.

Las comparecencias serán retransmitidas en streaming en la web www.poderjudicial.es

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó a finales de marzo anunciar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de un total de 51 plazas vacantes en distintos órganos judiciales, entre ellas la de la presidencia de la Audiencia Provincial de Ávila, un trámite que se materializó el 6 de noviembre con la publicación de la orden en el BOE. De esta manera se convoca la provisión de la Presidencia Provincial de Ávila, plaza «vacante por vencimiento del mandato de Javier García Encinar», el actual presidente, que fue nombrado a finales del año 2015 y tomó posesión en el arranque del año 2016, hace prácticamente 9 años, con la voluntad de mantener «rigor, eficiencia y cercanía».

En el citado anuncio del BOE se señalaba que las solicitudes para la participación en el concurso se presentarían en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del proceso. En las solicitudes debía figurar la manifestación expresa de que la persona cumple los requisitos exigidos en la convocatoria, los cuales pasan por pertenecer a la Carrera Judicial con la categoría de magistrado o magistrada en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales y que a fecha actual hayan prestado, al menos, diez años de servicio.

Los solicitantes debían aportar una relación detallada de los méritos acreditativos de sus conocimientos jurídicos y de la capacidad e idoneidad para ocupar la plaza, así como un programa de actuación encaminado a la más eficiente organización del órgano judicial en todas sus dimensiones y una memoria con sus resoluciones y trabajos de especial relevancia.