Castilla y León certificó la totalidad de la dotación de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) en el ejercicio de 2022, en concreto 18.908.540 euros, que representaron el 4,37 por ciento de la dotación estatal. El mayor porcentaje de estas inversiones 7.621.120 euros, el 40,3 por ciento, se destinó a la dotación de infraestructuras sanitarias.

Así lo recoge el informe que el Consejo de Cuentas entregó a las Cortes de Castilla y León, y en el que señala que, con carácter general, se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos del FCI en ese ejercicio en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados.

La dotación de estos fondos en 2022 para las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía fue de 432 millones de euros, mismo importe que en 2021. La cantidad que le correspondió a la Comunidad (18,9 millones) representó un 1,80 por ciento menos que en el ejercicio anterior debido a la corrección por renta.

Los datos reflejan, según este informe recogido por Ical, que desde 2018 el incremento de la dotación para Castilla y León no ha superado el 5 por ciento por lo que la financiación a través de estos fondos tiene un carácter muy poco significativo para la comunidad autónoma. 

La dotación de estos fondos estuvo integrada por dos vías. Por un lado, los 14.181.760 euros del Fondo de Compensación y, por otras, los 4.726.780 euros correspondientes al Fondo Complementario, una financiación que se distribuyó en una serie indeterminada de actuaciones agrarias, de educación, sanitarias y viarias para las que se fija el importe de la dotación.

En tal sentido, además de las dotaciones para infraestructuras sanitarias gestionadas por la Gerencia Regional de Salud; el 27,50 por ciento fue para infraestructuras para la educación; el 19,37 por ciento para infraestructuras agrarias gestionadas por la Consejería y el Instituto Tecnológico Agrario y el 12,83 por ciento para infraestructuras viarias.

En 2022, la Administración General de la Comunidad reconoció el 50,4 por ciento de los derechos provenientes de estos fondos, la Gerencia Regional de Salud el 40,3 por ciento y el resto el Instituto Tecnológico Agrario.

Los gastos ejecutados asociados a las fuentes de financiación establecidas para el Fondo de Compensación y Fondo Complementario alcanzaron un total de 58 millones, importe muy superior a lo considerado como ejecución del FCI.

Por tipo de política, desde el punto de vista de las obligaciones asociadas a la fuente de financiación de estos fondos, el 33,6 por ciento (19 millones de euros) de las obligaciones se reconocieron en educación; el 31,2 por ciento (18 millones) en agricultura y ganadería; el 25,7 por ciento en sanidad (15 millones de euros) y el 9,4 por ciento (5 millones) en infraestructuras viarias.

Este gasto susceptible de ser imputado al FCI, se realizó en 2022 principalmente en las provincias de León, Soria y Salamanca, y donde menos alcanzó el importe de estas inversiones fue en Zamora, Palencia y Segovia.

La distribución territorial del importe certificado muestra que las inversiones incluidas se realizaron en su mayoría en Soria, seguida de Salamanca y Ávila, no habiéndose incluido ninguna inversión que se encontrara sin territorializar.

Evolución de los FCI en Castilla y León

Desde 1990 hasta 2022 las dotaciones de los FCI experimentaron una disminución del 60,53 por ciento. El mayor importe de la dotación, 85.058.000 euros, correspondió al año 2008. A partir de 2009 los recursos del FCI han ido descendiendo cada anualidad y desde 2015 el importe anual de la dotación tiene pocas variaciones, no superando los 20 millones de euros.

El Consejo formula una sola recomendación en la que insta a la Consejería de Economía y Hacienda a incluir una relación expresa de los proyectos de inversión y, en su caso, gastos de funcionamiento asociados, que se financien con cargo a los Fondos en el Anexo a la Sección 36 de los Presupuestos Generales del Estado.

Los proyectos de inversión de los FCI están recogidos por la Constitución como instrumento para tratar de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. Son determinados en común entre la Administración General del Estado y las 10 CCAA y las dos ciudades con Estatuto de Autonomía que participan en los mismos en el seno del Comité de Inversiones Públicas.

En términos absolutos, Andalucía fue la Comunidad que recibió mayor importe 160,9 millones (37,2 por ciento), seguida de Canarias, 57,8 millones (13,4 por ciento), la Comunidad Valenciana, 52,8 millones (12,2 por ciento) y Galicia, 39,3 millones (9,1 por ciento). La que experimentó el mayor aumento interanual fue Galicia, un 2,8 por ciento más, y la que tuvo la mayor disminución fue la Valenciana con una variación negativa del 1,88 por ciento.